El expresidente Gustavo Petro escaló la disputa política alrededor de Nariño al proponer un «paro cívico nariñense» como respuesta a la advertencia que el presidente Abelardo de la Espriella dirigió al gobernador Luis Alfonso Escobar durante la Cumbre de Gobernadores en Mompox el 4 de septiembre. Lo que comenzó como un choque institucional entre dos gobiernos se convirtió en un llamado a la movilización territorial en un departamento que votó masivamente por la izquierda en los últimos dos procesos electorales.
La disputa tiene raíces en los Diálogos Regionales que el gobierno de Escobar ha impulsado en Nariño como parte de la estrategia de paz territorial. De la Espriella advirtió públicamente al gobernador: «Está advertido», una amenaza que implicaba que no toleraría negociaciones independientes con grupos armados. Escobar respondió bajando el tono del conflicto e invitando al presidente a conocer de primera mano los resultados de la paz territorial en la región.
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De la advertencia a la convocatoria de movilización
Petro no se limitó a intervenir en el debate político. El 5 de septiembre, citando información de Blu Radio, afirmó que los diálogos en Nariño habían «reducido la tasa de homicidios a la mitad» y denunció que «los amantes de la sangre quieren que suba» hasta meter al departamento «en la matanza». Un día después pasó del análisis al llamado a la acción: propuso un paro cívico para mostrar que el presidente «no amenaza a un gobernador, sino a todo un pueblo que quiere la Paz». El trino publicado el 6 de septiembre superó los 5.000 me gusta y 1.700 republicados.
En un trino previo, Petro había expresado que Escobar «tiene toda la razón» y que una política «basada en la muerte solo produce muerte». De esta forma, transformó una defensa técnica del gobernador en lo que podría convertirse en una causa política de movilización territorial, algo muy distinto a lo que Escobar había planteado en su respuesta inicial, que no incluyó ningún llamado al paro ni a la movilización callejera.
El respaldo electoral y la incertidumbre de la movilización
En las urnas, Petro y su movimiento cuentan con un apoyo abrumador en Nariño. En la segunda vuelta presidencial de 2022, Petro obtuvo el 80,91% de los votos en el departamento (592.170 votos), frente al 17,24% de Rodolfo Hernández. Cuatro años después, en 2026, el Pacto Histórico volvió a arrasar: el candidato Iván Cepeda consiguió el 76,73% (651.839 votos) contra el 22,20% de Abelardo de la Espriella (188.619 votos). Cepeda ganó en 62 de los 64 municipios de Nariño. Escobar, también del Pacto, fue elegido gobernador en 2023 con el 51,67% (357.845 votos).
Sin embargo, el respaldo electoral no se ha traducido automáticamente en movilización. Aunque algunos diputados locales como Fabio Zarama y Alexander Rassa han reaccionado a la advertencia de De la Espriella —uno exigiendo debate en la Asamblea por la «grave crisis» y el otro hablando de «contubernio»—, no hay un calendario público de convocatoria a paro ni adhesiones de alcaldes o la Asamblea Departamental. El llamado de Petro tiene eco en su base nacional y en cuentas afines, pero la máquina de movilización no ha dado señales claras de encenderse. Un paro cívico en Nariño no es un tuit: implica el cierre de vías, comercio, la frontera y la costa; eso requiere organización territorial que por ahora permanece en silencio.
La disputa de fondo no mide solo homicidios o políticas de seguridad. Mide si el fortín electoral de 2022 y 2026 sigue dispuesto a salir a la calle cuando el presidente electo por el resto del país señala a «su» gobernador. Entre el 80% de apoyo en las urnas y el silencio actual de una convocatoria territorial, existe una grieta que revela una pregunta sin respuesta: ¿el voto de izquierda en Nariño se traduce en acción política cuando se enciende un conflicto entre el presidente nacional y un gobernador aliado?
