El alcalde de Pasto, Nicolás Toro, fue sancionado con una multa superior a los 17 millones de pesos por no ordenar el cierre de más de 200 establecimientos comerciales en El Encano. Sin embargo, la decisión del mandatario de asumir personalmente la penalidad antes que cerrar los negocios revela un dilema más profundo: ¿cómo proteger uno de los ecosistemas más valiosos del sur de Colombia sin destruir la actividad económica de cientos de familias que dependen del turismo?
El problema que enfrenta la Laguna de La Cocha —también conocida como Lago Guamuez— no es nuevo. Según fallos judiciales anteriores, la laguna sufre por vertimientos de aguas residuales provenientes de edificaciones colindantes, deforestación del bosque nativo y pesca ilícita de trucha. Estas afectaciones han llevado a que organismos como la Corporación Autónoma Regional de Nariño (Corponariño) y el municipio sean obligados judicialmente a implementar soluciones estructurales.
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La posición del alcalde: multa en lugar de cierre masivo
Toro ha argumentado que la solución no puede limitarse a la clausura de establecimientos comerciales. En su criterio, las acciones deben enfocarse en facilitar alternativas para el tratamiento adecuado de aguas residuales y vertimientos. Esta postura refleja la complejidad del conflicto entre la conservación ambiental y la realidad económica de El Encano, corregimiento que vive principalmente del turismo que genera la laguna.
Las medidas judiciales ordenadas en fallos anteriores incluyen la construcción de redes de alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento, así como campañas de conciencia ecológica, fortalecimiento de inspección y control por parte de Corponariño, y proyectos como la distribución de estufas eficientes para reducir el consumo de carbón vegetal. Sin embargo, expertos y organizaciones ambientales cuestionan el ritmo de implementación de estas iniciativas.
El debate sin resolver: protección ambiental versus sustento económico
Mientras la justicia sanciona al mandatario, la Laguna de La Cocha continúa enfrentando presión turística creciente, multiplicación de establecimientos y disposición inadecuada de aguas residuales. Sectores ambientalistas y ciudadanos han manifestado su preocupación sobre la falta de avances concretos en la ejecución de los proyectos ordenados judicialmente para mitigar la contaminación.
La controversia pone sobre la mesa una pregunta incómoda para la administración local: si cerrar negocios no es la solución, ¿cuáles son los recursos, los plazos y las acciones específicas que permitirán recuperar la laguna sin generar una crisis económica en El Encano? La respuesta a esta pregunta determinaría si las sanciones al alcalde representan un paso hacia la solución o simplemente un acto simbólico mientras el ecosistema continúa deteriorándose.
