El juzgado tercero promiscuo del circuito de Puerto Asís, Putumayo, ordenó la suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio en el departamento, frenando así el plan piloto que el Gobierno de Abelardo de la Espriella se disponía a ejecutar para combatir cultivos de coca mediante fumigación aérea con este químico como sustituto del glifosato.
La decisión judicial llegó tras una acción de tutela presentada por Jhonatan Enrique Meneses Valencia, quien representa a la Fundación Tiempo de Cambios para la Transformación Social. El demandante argumentó una «presunta vulneración de derechos fundamentales a la salud, agua y medio ambiente sano» debido a los posibles efectos negativos del glufosinato de amonio tanto en las personas como en otros cultivos de las zonas rurales donde se ejecutarían las pruebas.
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El fallo judicial y sus alcances
El juez Germán Alberto Mora Mena estableció en su sentencia que aunque no se cuestiona la legalidad de la Resolución 007 del 18 de agosto de 2026, expedida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, debe haber «suspensión temporal de cualquier actividad de aspersión aérea con glufosinato de amonio dentro del departamento del Putumayo, hasta tanto las entidades accionadas y vinculadas aporten la información requerida y se cuente con los elementos de juicio necesarios para resolver de fondo la controversia».
La orden vinculó al proceso a entidades territoriales y ambientales como Corpoamazonía, el Departamento del Putumayo, la Defensoría del Pueblo, el Instituto Nacional de Salud (INS) y el Ideam. También fueron demandados la Presidencia de la República, el Consejo Nacional de Estupefacientes, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, los Ministerios de Ambiente, Salud, Agricultura y Justicia, el Ejército Nacional, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).
Contexto de la medida y el combate a cultivos ilícitos
El plan piloto buscaba comprobar la efectividad del glufosinato de amonio como alternativa a la fumigación aérea con glifosato, medida que había sido suspendida en 2017 por los efectos a largo plazo en la salud de poblaciones expuestas durante años. La reactivación de aspersiones aéreas se inscribe en respuesta al aumento de cultivos de coca en el país: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en 2024 se alcanzaron 261.000 hectáreas, cifra que ha crecido durante los últimos cuatro años.
La Dirección de Antinarcóticos de la Policía había detallado que las pruebas se realizarían de manera controlada y limitada, usando dos aeronaves AT-802 exclusivamente en polígonos habilitados y bajo condiciones técnicas, operacionales, ambientales y de seguridad específicas. La entidad enfatizó que «esta fase experimental no constituye la reanudación, adopción ni autorización definitiva de un programa de aspersión aérea de alcance general o nacional», sino un ejercicio piloto sujeto a evaluación científica y técnica conforme a las órdenes de la Corte Constitucional.
Queda pendiente el pronunciamiento oficial del Estado colombiano frente a esta medida cautelar, que detiene temporalmente un proceso cuyo objetivo era que la Policía Antinarcóticos iniciara las pruebas en los próximos días para analizar resultados, efectos positivos y negativos tanto para el ser humano como para los cultivos en la zona de Putumayo.
