Colombia avanza en la controvertida reactivación de las fumigaciones aéreas para combatir cultivos ilícitos. La Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional anunció mediante comunicado oficial del 10 de septiembre de 2026 que ejecutará un plan piloto en Putumayo bajo la denominada Estrategia Esmeralda Plus. A diferencia de décadas pasadas, esta vez no se utilizará glifosato sino glufosinato de amonio, un herbicida clasificado por la Organización Mundial de la Salud como «moderadamente peligroso» y no permitido en la Unión Europea.
El Consejo Nacional de Estupefacientes formalizó la decisión mediante resolución publicada en el Diario Oficial. El piloto tendrá un cupo máximo de 1.000 hectáreas efectivamente tratadas y una duración operacional de hasta siete días calendario contados desde la fecha del acta de inicio, aún no divulgada. Las autoridades mantienen bajo reserva las coordenadas exactas del área, la extensión específica y el cronograma detallado, argumentando que su divulgación podría comprometer la seguridad de la operación y del personal participante.
El objetivo del experimento es recopilar evidencia científica sobre la eficacia del producto, la precisión de la aplicación aérea, la posible deriva del herbicida y los impactos sobre la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, el Gobierno fue enfático en aclarar que este plan piloto «no equivale a la reanudación, adopción o autorización definitiva de un programa de alcance general o nacional». Una vez finalice la fase experimental, entidades como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y el Instituto Nacional de Salud analizarán los resultados para determinar si la estrategia cumple los requisitos técnicos, ambientales y sanitarios exigidos por la ley.
El proyecto contempla restricciones significativas. Las fumigaciones no se realizarán en áreas protegidas ambientalmente, parques naturales, fuentes hídricas y cuerpos de agua, territorios colectivos, comunidades afrodescendientes ni en grupos sujetos a especial protección constitucional. La ejecución estará a cargo de la Dirección de Antinarcóticos, que deberá cumplir instrumentos ambientales, autorizaciones aeronáuticas y protocolos sanitarios, ambientales, sociales y de seguridad.
Antecedentes de una política controvertida
Las fumigaciones aéreas con glifosato fueron durante años uno de los pilares del Plan Colombia en la lucha contra el narcotráfico. No obstante, en 2015 la Corte Constitucional y distintas autoridades sanitarias llevaron al Estado a suspender esta práctica tras advertencias sobre posibles afectaciones a la salud humana y al medio ambiente. Desde entonces, el debate se trasladó a los tribunales, donde se establecieron estrictos requisitos para cualquier eventual reanudación. Colombia ha apostado principalmente por la erradicación manual y programas de sustitución de cultivos, aunque el crecimiento histórico de las áreas sembradas con coca ha mantenido abierta la discusión sobre nuevas estrategias antidrogas.
Rechazo de comunidades locales y de autoridades departamentales
La decisión generó reacciones negativas en Putumayo. El Movimiento Campesino Cocalero Agrario y Ambiental de Putumayo (MOVICCAAP) rechazó la iniciativa y advirtió sobre posibles impactos ambientales, sociales y económicos para las comunidades rurales. De igual manera, la Asamblea Departamental del Putumayo expresó su oposición a la medida, argumentando que las estrategias contra el narcotráfico deben priorizar el desarrollo rural y la sustitución voluntaria de cultivos antes que la aspersión química. El Gobierno, por su parte, sostiene que el país enfrenta un crecimiento histórico de los cultivos ilícitos y que resulta necesario evaluar nuevas herramientas para combatir las economías criminales que financian a grupos armados ilegales.
