La advertencia pública que el presidente Abelardo de la Espriella dirigió al gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, durante la Cumbre de Gobernadores celebrada en Mompox el 4 de septiembre, no solo sacudió la política nacional sino que fragmentó el debate departamental. «Ningún gobernador ni ningún alcalde puede adelantar por su cuenta negociaciones, acuerdos o contactos clandestinos con estructuras terroristas. Está advertido», fueron las palabras del mandatario que, en menos de 24 horas, generaron respuestas contradictorias en Pasto.
Desde la capital nariñense, Escobar respondió con un comunicado fechado el mismo 4 de septiembre en el que niega haber adelantado «negociaciones clandestinas ni acuerdos por debajo de la mesa». El gobernador reafirmó que los Diálogos Regionales fueron conducidos por delegados del Gobierno Nacional, no por la Gobernación, y que su participación fue institucional. Sobre esta base, Escobar sostuvo que su apuesta de «Paz Territorial» busca articular protección de la vida con transformación y oportunidades, reconociendo cómo se expresa el conflicto en cada región. El mandatario cerró la puerta abierta: invitó a De la Espriella a conocer «de primera mano» resultados y dificultades, y reiteró disposición para articularse con Bogotá respetando la política nacional de seguridad.
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Voces encontradas en la Asamblea de Nariño
Sin embargo, el comunicado de la Gobernación no logró cerrar filas dentro del establecimiento político local. El diputado conservador Fabio Zarama Bastidas, lejos de defender al gobernador, citó el video de la advertencia presidencial e hizo «un llamado urgente» a Escobar para que las preocupaciones y la «grave crisis» que genera su actuación sean debatidas «desde el recinto de la democracia de Nariño», no solo a través de comunicados. Su mensaje sugiere que los temas deben ventilarse en el pleno de la Asamblea.
El diputado Alexander Rassa fue más confrontacional. También citó el video y escribió: «Más que advertido del obvio contubernio», descartando argumentos de competencias o cifras para dar por establecido un pacto irregular entre el mandatario y estructuras ilegales. Por su parte, el exdiputado Jesús Armando Eraso Yela anticipó la respuesta de Escobar como un «montaje político» y predijo un «plantón de respaldo» con contratistas, una entrada triunfal al edificio de la gobernación y subsecuentes «3 o 4 entrevistas pagas con nuestros impuestos». Cuando Escobar publicó su mensaje al presidente horas después, Eraso replicó con ironía: «¿Aprovechó que lo tenía ahí de frente y se lo dijo?», insinuando que el gobernador no confrontó directamente en Mompox.
La contranarrativa desde la prensa local
Fuera del coro mayoritario en redes sociales, el periodista Winston Viracacha enmarcó el episodio «al estilo de un dictador» y criticó a De la Espriella por «sentenciar» públicamente al gobernador al prohibirle contactos con grupos armados. Viracacha devolvió la carga al presidente: si existe un «Pacto Nariño» como acuerdo del Estado colombiano, no puede cerrarse con una admonición en un escenario de gobernadores. Su ángulo no defiende la gestión de Escobar sino que cuestiona el ejercicio del poder presidencial sobre las autoridades territoriales.
Esta fragmentación refuerza un panorama político más amplio. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, ya había respondido a Escobar antes de Mompox, diciendo que la paz total ha «maniató» a la Fuerza Pública y que las autoridades locales «no pueden contemporizar con el crimen». Del otro lado, el senador del Pacto Histórico Carlos Alberto Benavides respaldó la paz territorial y alertó sobre «soberbia» si se ignoran las regiones. Sin embargo, en Nariño, los diputados y exdiputados consultados se alinearon más con la advertencia presidencial que con la defensa territorial de Escobar.
Lo que queda sobre la mesa en Pasto es una disputa por la representatividad. El gobernador ofrece visita, articulación y niega mesas secretas. Zarama demanda debate en la Asamblea. Rassa sentencia contubernio. Eraso predice teatro político. Viracacha exige honrar el Pacto Nariño. Entre el comunicado de la Gobernación y esos pronunciamientos, la advertencia de Mompox dejó de ser un choque bilateral presidente-gobernador para convertirse en una pelea por quién habla en nombre del departamento y cómo se gestiona la seguridad en el territorio.
