La Fiscalía General de la Nación avanza en su investigación por presunta corrupción en la Caja de Compensación Familiar de Nariño (Comfamiliar) tras judicializar a Clarita Mercedes Chávez Quintero y Wiston Buriticá Villota, con lo que suma ya 11 personas vinculadas a un presunto entramado de direccionamiento de contratos que movilizó más de 9.800 millones de pesos entre octubre de 2025 y mayo de 2026.
A Chávez Quintero se le imputa haber actuado como intermediaria para facilitar el direccionamiento de uno de los contratos, mientras que Buriticá Villota, en calidad de contratista, habría sido beneficiario directo de las adjudicaciones manipuladas. Ambos fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Ninguno de los dos aceptó los cargos y quedaron cobijados con medida de aseguramiento en lugar de residencia.
Ocho contratos direccionados y millones desembolsados
De acuerdo con la Fiscalía, los investigados habrían direccionado ocho contratos por un valor total de 9.804 millones de pesos utilizando recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC). Del monto total, ya se habían desembolsado más de 2.942 millones de pesos en anticipos, equivalentes al 30 por ciento del valor contratado.
La investigación revela un modus operandi consistente: se diseñaron invitaciones públicas dirigidas a contratistas previamente seleccionados, se fraccionaron contratos para evadir procesos con pluralidad de oferentes, y se incluyeron requisitos restrictivos que favorecían a empresas específicas. Además, se habrían presentado sobrecostos en las cuentas finales y se exigían comisiones sobre los anticipos entregados.
Red de once investigados, incluidos exdirectivos
Entre los once judicializados figuran Diego Raúl Blanco Pérez, exdirector de Comfamiliar, y Olga Alicia Vásquez Martínez, exsubdirectora de servicios, quienes también son investigados por su presunta participación en el favorecimiento de determinados oferentes dentro de los procesos contractuales. Vásquez Martínez fue quien aceptó los cargos y fue enviada a centro carcelario, mientras que otros de los investigados cumplen medidas de aseguramiento en sus domicilios.
Según la Fiscalía, la estructura de la presunta red incluía funcionarios públicos que avalaban las adjudicaciones irregulares, intermediarios que facilitaban el direccionamiento, y contratistas que se beneficiaban de la selección previa. El ente acusador ha indicado que esta constituyó solo la primera fase de la investigación, por lo que podrían conocerse nuevas decisiones y más personas vinculadas en los próximos meses.
