La Gobernación de Nariño suspendió temporalmente el proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa SASI-005-2026 para la compra de embarcaciones destinadas a fortalecer la pesca artesanal y la extracción de piangua en municipios PDET de Sanquianga y Francisco Pizarro. El valor del contrato asciende a $5.245.078.971 pesos, en el marco del Convenio Interadministrativo SG-0142 de 2025 con la Agencia de Renovación del Territorio (ART). La paralización se produjo mediante la Resolución 091 de 2026, expedida el 3 de septiembre, un día antes del cierre previsto del proceso.
El exministro y columnista Luis Felipe Henao cuestionó públicamente al gobernador Luis Alfonso Escobar a través de redes sociales, interrogándose sobre cómo se pretendía contratar $5.245 millones en embarcaciones para pescadores del Pacífico si la propia Gobernación tuvo que suspender el proceso para revisar dudas sobre ingeniería naval y seguridad. En su mensaje, Henao etiquetó a la Procuraduría, la Fiscalía, el Ministerio de Agricultura y al presidente Abelardo de la Espriella, enfatizando que «$5.245 millones exigen rigor».
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Las embarcaciones y las alertas técnicas
El paquete objeto de contratación comprende 71 embarcaciones: 25 de pesca artesanal de altura y 46 canoas para recolección de piangua, todas equipadas con sistemas de navegación. Las alertas técnicas fueron plantadas por la empresa Eduardoño S.A.S. y cubrían aspectos críticos de seguridad náutica: estabilidad, flotabilidad, resistencia estructural, capacidad de carga, navegabilidad y elementos de salvamento. Eduardoño sostuvo que el pliego técnico imponía una «receta de fabricación» que restringía la libre concurrencia, al no contemplar el diseño de cada fabricante conforme a las normas NTC ISO 12215-5 y 12215-6. La administración habría rechazado la mayoría de cambios estructurales propuestos antes de proceder a la suspensión.
Posición de la Gobernación: garantía del debido proceso
El Departamento Administrativo de Contratación de la Gobernación afirmó que la suspensión es temporal mientras se estudia una solicitud de revocatoria directa radicada el mismo 3 de septiembre. En su comunicado oficial, la administración recalcó que la Resolución 091 se adoptó «como garantía del debido proceso» y «no corresponde a investigaciones o denuncias por corrupción». El comunicado precisó que el trámite se rige por la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1082 de 2015, y que más de 16 interesados y observadores presentaron observaciones tanto al proyecto de pliego como al pliego definitivo.
La Gobernación sostuvo que la recepción de observaciones es propia de la contratación pública y que las respuestas técnicas y jurídicas a las mismas reposan en el SECOP II. Enfatizó que cuando termine el análisis de la revocatoria directa, la administración decidirá si el proceso continúa, reiterando su compromiso con la preservación de la pluralidad de oferentes, la transparencia y el uso eficiente de recursos públicos. El fin del proyecto, indica el comunicado, sigue siendo el desarrollo socioeconómico de las comunidades de pesca artesanal y piangua en Sanquianga y Francisco Pizarro.
El cronograma original del proceso apuntaba a la adjudicación para el 28 de septiembre. La divergencia entre las interpretaciones radica en el énfasis: Henao presenta la suspensión de último momento como señal de que se iba a contratar sin despejar riesgos de seguridad náutica; la Gobernación la presenta como una pausa legal ordinaria derivada del análisis de observaciones. El expediente permanece abierto en SECOP II y la continuidad del contrato dependerá de lo que resuelva la revocatoria directa.
