La Defensoría del Pueblo colocó a Nariño en el centro de una alerta nacional sobre reclutamiento forzado de menores. Entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026, la entidad ha identificado 97 casos en todo el país, ubicando a Cauca con 31 reportes, Norte de Santander con 24 y Nariño con 7. Aunque el departamento no encabeza el ranking nacional, permanece en el grupo crítico de territorios donde grupos armados ilegales captan a niños y adolescentes para operaciones de minería ilegal, transporte de insumos bélicos y otras formas de vinculación armada.
Las cifras nacionales revelan una persistencia del delito: 684 casos documentados en 2024, 428 en 2025 y 97 en los primeros siete meses de 2026. De estos últimos, el 63% corresponde a niños y adolescentes y el 37% a niñas y adolescentes. En términos étnicos, el 68% no se reconoce en ningún grupo étnico, el 23% es población indígena y el 9% afrocolombiana. La Defensoría advierte que proteger a la niñez del reclutamiento es urgente para consolidar la paz en Colombia.
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El Pacífico nariñense: epicentro del reclutamiento en el departamento
En Nariño, el fenómeno no desapareció sino que se concentró geográficamente. Las autoridades locales han situado el mayor riesgo en Tumaco, Ricaurte, Barbacoas y otros municipios del litoral y el piedemonte. En 2025, la Gobernación atribuyó la mayoría de casos conocidos a Tumaco (8 reportes), seguido de Ricaurte y Barbacoas. Una misión de la Defensoría realizada en mayo de 2026 entre Tumaco, Ricaurte, Barbacoas, Mosquera e Ipiales recogió testimonios de menores vinculados a minería ilegal y transporte de insumos bélicos.
En agosto, el Ejército reportó en Tumaco el sometimiento de integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y la recuperación de dos menores reclutados. Este dato confirma dos realidades simultáneas: que existen operaciones de rescate de niños, pero también que el reclutamiento permanece activo en la costa nariñense. Las estructuras armadas responsables incluyen el Estado Mayor Central, disidencias sin especificar, el ELN y otros grupos residuales.
El subregistro: la cifra real es más preocupante que los números oficiales
En Nariño existe un debate de cifras entre instituciones. La Gobernación ha sostenido que los reportes bajaron comparado con 2024. La Contraloría, en cambio, habló a comienzos de año de un incremento y una tendencia al alza. La Defensoría corta esa discusión con una advertencia institucional clara: las cifras deben leerse con cautela. En zonas con presencia armada, denunciar puede costar la vida. Por eso, 7 casos oficiales en siete meses no significan que solo siete niños hayan sido reclutados.
El subregistro golpea más fuerte en comunidades indígenas y afrocolombianas del Pacífico y la frontera con Ecuador, donde la institucionalidad llega tarde, las escuelas quedan expuestas y las economías ilegales ofrecen dinero, celulares o «protección» a cambio de incorporar menores. Muchas familias no denuncian por miedo, desconfianza o porque esa violencia se ha normalizado. Además, hay menores que mueren en hostilidades sin haber sido registrados previamente como víctimas de reclutamiento.
Según Human Rights Watch, alrededor de 1.500 casos de reclutamiento han sido documentados desde 2021 a nivel nacional. La Defensoría también alertó que los grupos armados usan redes sociales para seducir a adolescentes ofreciendo tenis, celulares y motos. Nariño había sido presentado como un laboratorio territorial de diálogos con estructuras locales, pero el cierre de mesas de negociación a nivel nacional y la persistencia de disidencias y ELN en la costa dejan a la niñez nariñense en un punto ciego: menos diálogo, más disputa y la misma oferta criminal hacia escuelas y veredas.
La Defensoría no publicó el desglose municipal de 2026 ni los tiempos de respuesta a cada alerta, lo que dificulta saber si Tumaco, Ricaurte o Barbacoas mejoraron de verdad o si solo cayó la denuncia. En Nariño ya existen mesas de prevención y rutas en más de 36 municipios; el desafío es que esas rutas funcionen cuando una familia teme hablar. Proteger a la niñez en el departamento no se resuelve con comunicados: exige presencia permanente en el Pacífico, escuelas que no queden solas, investigación contra quienes reclutan y un registro que no dependa del valor de una madre para denunciar.
