Un extenso reportaje publicado por The Economist puso nuevamente la lupa internacional sobre Colombia como el mayor productor mundial de cocaína. Según el trabajo periodístico, titulado «Al interior de las fábricas de cocaína de Colombia», el país concentra actualmente cerca del 70% del suministro global del estupefaciente, un negocio que desde 2024 superó al petróleo como principal fuente de ingresos ilícitos, moviendo cerca de US$15.000 millones anuales.
El reportaje gráfico, documentado con fotografías del fotoperiodista Mads Nissen, muestra cómo este negocio ilegal ha penetrado cada rincón de la sociedad colombiana. Los datos de la ONU confirman un crecimiento sostenido de los cultivos ilícitos en los últimos años, con cifras que alcanzan magnitudes históricas. La producción potencial pasó de menos de 300 toneladas en 2013 a cerca de 3.000 toneladas en 2024, según cálculos de Naciones Unidas.
Nariño, cuarto año consecutivo como epicentro cocalero
Mientras el debate nacional gira en torno a cifras y porcentajes, los datos del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la ONU dejan un panorama contundente para Nariño: el departamento es, por cuarto año consecutivo, el que más hectáreas de coca concentra en todo el país, con cerca de 74.500 hectáreas sembradas según el último reporte con corte a 2024.
Pero es Tumaco, específicamente, el municipio que mejor ilustra la velocidad de esta expansión. En 2023, el municipio registraba 23.000 hectáreas de coca; para 2024 llegó a 31.300 hectáreas. Es decir, en un solo año, Tumaco sumó 8.300 hectáreas nuevas, un crecimiento que le devolvió el primer lugar nacional entre todos los municipios cocaleros del país, por encima de Tibú en Norte de Santander y El Tambo en Cauca. Esta concentración en zonas fronterizas no es casual: facilita el acceso a rutas de salida hacia el Pacífico y el vecino Ecuador, clave en la distribución internacional del alucinógeno.
Un negocio que ya pesa más que el petróleo en la economía nacional
El hallazgo de The Economist no es aislado. Distintos análisis económicos han documentado esta transición en los últimos tres años. En 2022, Bloomberg Economics ya advertía que las exportaciones de cocaína (US$18.200 millones) se acercaban peligrosamente a las del petróleo (US$19.100 millones). Para 2024, la producción y tráfico de cocaína generaron cerca de US$16.500 millones para las organizaciones criminales colombianas, equivalentes al 4,4% del PIB nacional, una cifra que según analistas económicos ya supera lo que el país recibe por concepto de exportaciones petroleras.
En una década, el peso de este negocio en la economía pasó de representar el 0,8% al 4,4% del PIB, impulsado casi enteramente por el aumento en volumen de producción, no por incrementos de precio. Se trata, además, de dinero que no aparece en ninguna cuenta oficial: mientras el café, el carbón o el petróleo se contabilizan en las estadísticas de comercio exterior, el mayor generador de dólares del país permanece invisible para las cifras macroeconómicas formales.
El fenómeno se entiende mejor en perspectiva histórica: entre 2014 y 2024, los cultivos de coca en Colombia crecieron 278%, prácticamente cuadruplicándose en una década. Según la UNODC, las zonas fronterizas, particularmente Nariño y el Catatumbo, registraron un incremento del 70% en las superficies sembradas entre 2019 y 2024, muy por encima del promedio nacional.
Más allá de las cifras económicas, el informe de la ONU señala otro dato inquietante: el 90% del área sembrada con coca en el país se ubica a menos de 15 kilómetros del centro poblado más cercano, lo que facilita el acceso a insumos para el procesamiento pero también expone directamente a las comunidades a la presencia de estructuras armadas y economías ilegales. En el caso nariñense, esa cercanía se traduce en un impacto directo sobre territorios ancestrales como el Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y el resguardo indígena Inda Zabaleta, comunidades afrodescendientes e indígenas que llevan años atrapadas entre el conflicto armado, el desplazamiento forzado y la degradación ambiental que trae consigo la expansión cocalera.
