Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien calificó al mandatario colombiano Gustavo Petro como “líder de narcotráfico” y anunció nuevos aranceles para Colombia, han encendido las alarmas sobre el futuro de la cooperación bilateral en seguridad y justicia.
Aunque aún no se han oficializado recortes en los programas de apoyo, fuentes del sector judicial advierten que una eventual suspensión de recursos afectaría especialmente a la Policía Nacional, que mantiene aeronaves, plataformas tecnológicas y unidades operativas financiadas por agencias norteamericanas.
La Fiscalía también podría verse impactada en áreas como el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), la lucha contra el lavado de activos y el acceso a tecnología compartida. Programas como las Unidades de Investigación Sensitivas (SIU), que operan junto a la DEA, dependen de fondos estadounidenses para viáticos, sobresueldos y equipos.
Aunque el Ejército ha logrado nacionalizar buena parte de sus recursos desde el fin del Plan Colombia, la Policía aún depende de convenios de cooperación para mantener sus capacidades operativas. Además, la posible reducción de coordinación con agencias como el FBI y Homeland Security podría limitar el intercambio de inteligencia.
En medio de la tensión, se han sostenido reuniones entre altos funcionarios colombianos y representantes de la DEA, lo que indica que, por ahora, los canales siguen abiertos. Sin embargo, el alcance de las medidas anunciadas por Trump podría redefinir el modelo de colaboración que ha estado vigente por más de dos décadas.
