La Superintendencia Financiera de Colombia declaró civil y contractualmente responsable al Banco Agrario por el fraude electrónico que afectó las cuentas oficiales del municipio de El Tambo en abril de 2024, y ordenó a la entidad financiera devolver la totalidad de los recursos sustraídos: $1.310.904.772. La decisión, emitida por la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales, representa un fallo de gran impacto para las finanzas públicas de Nariño y marca un precedente importante en materia de responsabilidad bancaria frente a fraudes detectados pero no bloqueados oportunamente.
El fraude ocurrió entre el 2 y el 8 de abril de 2024, cuando delincuentes vulneraron la banca virtual del municipio y realizaron cinco transferencias no autorizadas desde las cuentas oficiales de la administración municipal. Los hechos generaron una fuerte controversia local: durante meses, diversos sectores responsabilizaron públicamente al alcalde Héctor Fajardo Enríquez y a la tesorera municipal Aura Yazmín Zamora Andrade, quienes enfrentaron cuestionamientos e incluso acusaciones de presunta negligencia en el manejo de los recursos.
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El sistema de seguridad detectó el fraude pero no actuó
El aspecto más contundente de la sentencia radica en que el sistema de seguridad del Banco Agrario detectó movimientos atípicos desde la primera transacción fraudulenta y generó más de 30 alertas internas. Sin embargo, la entidad no bloqueó las cuentas ni verificó oportunamente la identidad del cliente antes de que se completaran las demás operaciones. La Superintendencia concluyó que esa omisión permitió que el fraude se consumara y comprometió la responsabilidad contractual del banco frente a su cliente institucional.
El fallo rechazó varios de los argumentos de defensa presentados por el Banco Agrario, que intentó atribuir la responsabilidad a los funcionarios municipales. La sentencia establece que la causa determinante del fraude no estuvo en la actuación de los funcionarios municipales, sino en las omisiones de seguridad y en la falta de debida diligencia del propio banco. Como consecuencia, la entidad financiera deberá reintegrar el dinero en un plazo máximo de 30 días hábiles tras la ejecutoria de la sentencia.
Exoneración de funcionarios municipales tras dos años de señalamientos
El fallo representa una reivindicación para el alcalde Héctor Fajardo y la tesorera Aura Yazmín Zamora, quienes durante más de dos años enfrentaron cuestionamientos públicos mientras avanzaba la investigación. La decisión judicial concluye que no fueron ellos quienes ocasionaron el daño patrimonial sufrido por el municipio. Según reportes locales, el alcalde expresó: «Hoy se hace justicia. Nunca fuimos negligentes ni ladrones», calificando el fallo como una victoria para la administración municipal.
La defensa de los intereses del municipio estuvo a cargo del abogado nariñense Daniel Enríquez Mora, quien logró demostrar ante la Superintendencia que la responsabilidad recaía en la entidad financiera y no en los funcionarios de la administración local. El proceso judicial dejó en evidencia la disputa sobre quién debía asumir la responsabilidad: mientras el banco defendía su posición atribuyendo la culpa al municipio, la defensa de El Tambo sostuvo que se trataba de un caso de falla en la debida diligencia del banco frente a un fraude que fue detectado a tiempo pero no bloqueado.
Aunque la Superintendencia condenó al Banco Agrario, la entidad financiera presentó recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil. El recurso fue admitido en efecto devolutivo, lo que significa que la orden de pago continúa vigente mientras se resuelve la segunda instancia. Para El Tambo, la potencial recuperación de más de $1.300 millones representa no solo un alivio financiero significativo, sino también el cierre de uno de los episodios más polémicos de los últimos años en la administración municipal.
