El rector de la Institución Educativa Municipal Ciudad de Pasto, José Vicente Guancha Guerrero, negó categóricamente la existencia de reportes o evidencias que vinculen el fallecimiento reciente de una estudiante de sexto grado con situaciones de bullying o acoso escolar dentro del plantel. Al tiempo que descartaba esa hipótesis, reveló un problema estructural en la institución: apenas una orientadora escolar atiende a cerca de 5.000 estudiantes, desde preescolar hasta grado undécimo.
Según explicó el rector en una entrevista con un medio local, después de conocerse lo ocurrido se realizaron averiguaciones con el director de grupo, docentes, coordinadores y la orientadora escolar. De acuerdo con esas consultas, la menor perteneciente al grado 6-5 no habría reportado situaciones de acoso dentro del plantel. Guancha Guerrero enfatizó: «No se puede endilgar a este hecho que haya sucedido por bullying o por acoso escolar porque no está demostrado. No existen evidencias, no existen quejas».
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Una estudiante de buen desempeño académico
El rector destacó que la menor era una estudiante con destacado rendimiento académico y buen comportamiento convivencial. La describió como una líder que incluso ayudaba a promover el orden y la convivencia entre sus compañeros, caracterizaciones que contrastan con las versiones que han circulado en la comunidad educativa de Pasto sobre posibles situaciones de acoso que pudieran haber estado relacionadas con su fallecimiento.
La crisis de personal especializado
Más allá de la discusión sobre si existió o no bullying en este caso específico, las declaraciones del rector pusieron sobre la mesa un desafío estructural de la institución: contar con una sola orientadora escolar para aproximadamente 5.000 estudiantes. El propio Guancha Guerrero reconoció la magnitud del reto y calificó la labor como «titánica». Aunque aseguró que existen rutas de atención y protocolos para prevenir y atender situaciones de convivencia, acoso escolar y otras dificultades que puedan afectar a los estudiantes, admitió que la magnitud de la institución y la falta de personal especializado limitan significativamente la capacidad de respuesta frente a las necesidades emocionales y de convivencia de la población estudiantil.
El rector confirmó que la Secretaría de Educación conoce la situación y que el colegio realizó los reportes correspondientes de acuerdo con los protocolos establecidos. Informó además que la institución ha brindado acompañamiento a la familia de la estudiante y que integrantes del colegio estuvieron presentes durante el sepelio. Señaló que, debido al difícil momento que atraviesan los familiares, no se consideró pertinente realizar indagaciones o preguntas sobre las posibles causas de lo ocurrido.
El caso vuelve a poner en discusión la capacidad de las instituciones educativas para detectar y atender oportunamente situaciones emocionales y de convivencia cuando miles de estudiantes dependen de un número reducido de profesionales especializados. La pregunta permanece sin respuesta clara: ¿cómo puede una sola orientadora identificar y atender las necesidades de bienestar psicosocial de cerca de 5.000 menores de edad en una sola institución?
