El exgobernador de Nariño, Segundo Raúl Delgado Guerrero, fue vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la representante a la Cámara Rosita Guevara Rosero en el cargo de asesor VIII, con una asignación mensual de $26.263.575, desde el primero de octubre de 2026. Se trata de una de las asignaciones más altas dentro del equipo legislativo de la congresista, y su llegada abre un debate incómodo sobre la renovación política, la independencia de los nuevos liderazgos y el papel que siguen desempeñando las viejas estructuras de poder en Nariño.
El nombramiento llama la atención no solamente por el monto de los recursos públicos comprometidos, sino por la trayectoria política que une a ambos personajes. Raúl Delgado fue alcalde de Pasto entre 2004 y 2007, gobernador de Nariño entre 2012 y 2015 y posteriormente director de la Agencia de Renovación del Territorio en el gobierno de Gustavo Petro. Rosita Guevara, por su parte, llegó a la Cámara de Representantes para el periodo 2026-2030 después de construir una trayectoria política en la Asamblea Departamental, corporación que llegó a presidir. Sin embargo, su relación política con Delgado no es nueva: Guevara trabajó en la Gobernación durante la administración del exmandatario y mantuvo cercanía con su estructura política.
Ahora, años después, Delgado aparece vinculado al equipo legislativo de quien fue parte de ese entorno político, lo que plantea interrogantes sobre la autonomía de los nuevos liderazgos y la manera en que se distribuyen los espacios de poder dentro de las organizaciones políticas nariñenses. El movimiento también abre la pregunta sobre si realmente están llegando nuevas figuras a los espacios de representación o si los liderazgos emergentes terminan reproduciendo las mismas estructuras políticas de siempre.
¿Dónde queda la renovación política?
Una de las grandes promesas de los nuevos proyectos políticos ha sido abrir espacios para nuevas generaciones, profesionales, dirigentes sociales, líderes comunitarios y personas que no han tenido la oportunidad de participar en las estructuras tradicionales. Pero cuando las figuras emergentes llegan a escenarios de representación y terminan rodeándose de los mismos dirigentes que han tenido protagonismo durante décadas, resulta legítimo preguntarse qué tan profunda es esa renovación. ¿Se está construyendo una nueva generación de liderazgos o simplemente se están reorganizando las mismas estructuras alrededor de nuevos nombres?
La experiencia de un exgobernador puede representar un aporte técnico y político para un equipo legislativo. Sin embargo, también es válido preguntar qué criterios se tuvieron en cuenta para su vinculación, qué funciones desempeñará y qué resultados concretos entregará a los ciudadanos. La experiencia no debería convertirse en una puerta exclusiva para quienes ya han ocupado los principales cargos del departamento.
Transparencia sobre recursos públicos
Las Unidades de Trabajo Legislativo se financian con recursos públicos y tienen como propósito respaldar el trabajo de los congresistas en sus funciones legislativas y de control político. Por eso, una asignación mensual de más de $26 millones merece explicaciones públicas sobre las responsabilidades, los productos y los resultados que se esperan de quien ocupa ese cargo. No se trata de cuestionar que un exgobernador pueda trabajar como asesor de un representante, sino de exigir transparencia sobre las razones de su vinculación y el beneficio que representa para la labor legislativa y para los intereses de Nariño. La ciudadanía tiene derecho a conocer qué trabajo realizará, cuáles serán sus responsabilidades y cómo se evaluará su aporte.
El caso deja una discusión que va más allá de Rosita Guevara y Raúl Delgado. En Nariño, como en otras regiones del país, la renovación política enfrenta un desafío fundamental: evitar que los nuevos representantes terminen dependiendo de las estructuras de los dirigentes tradicionales, de sus respaldos y de sus redes de influencia. Los ciudadanos no eligen nuevas figuras para que simplemente cambien los nombres de quienes toman las decisiones, sino que esperan independencia, apertura democrática y oportunidades para liderazgos que no necesariamente hacen parte de los círculos políticos de siempre. Nariño necesita renovación política de verdad, no solamente renovación de nombres, y quienes hoy tienen la responsabilidad de representar al departamento deben demostrar que sus decisiones responden al interés público y no a la continuidad de las viejas estructuras de poder.
