La sesión de control político sobre las fotomultas en Pasto terminó convirtiéndose en un inesperado examen para el secretario de Tránsito, Omar Córdoba, quien durante varios momentos del debate evidenció desconocimiento sobre aspectos fundamentales del sistema que su propia dependencia debe vigilar, controlar y autorizar.
Mientras concejales y ciudadanos esperaban respuestas claras sobre la operación de las cámaras de fotodetección, fue la Concesión de Tránsito la que terminó explicando procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos que deberían ser plenamente conocidos por la autoridad encargada de supervisarlos.
La situación resultó aún más llamativa al tratarse de un sistema que ya ha generado más de 40 mil comparendos entre julio de 2025 y abril de 2026, afectando a miles de conductores de la ciudad y moviendo importantes recursos económicos.
Uno de los episodios que más comentarios generó fue cuando el secretario solicitó aclaraciones sobre el proceso mediante el cual una cámara entra en operación. La explicación tuvo que ser entregada detalladamente por representantes de la concesión, quienes describieron los pasos exigidos por la normativa nacional, desde la habilitación del punto por parte de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hasta la señalización, calibración y autorización correspondiente.
La escena dejó una sensación incómoda en el recinto: la concesión parecía conocer con mayor precisión los procedimientos que la misma autoridad de tránsito encargada de aprobarlos.
El debate también puso sobre la mesa otro elemento preocupante. Mientras la Secretaría habla de múltiples quejas ciudadanas relacionadas con posibles vulneraciones al debido proceso, las cámaras continúan operando y generando sanciones de manera masiva. Para varios asistentes, resulta contradictorio que la entidad reconozca cuestionamientos jurídicos al sistema mientras este sigue funcionando normalmente.
A esto se suma la incertidumbre sobre la instalación de nuevas cámaras. Aunque la concesión confirmó que existen puntos contemplados contractualmente para ampliar la red de fotodetección, también señaló que el proceso se encuentra suspendido temporalmente. Incluso en este tema, las explicaciones más precisas provinieron de la empresa concesionaria y no de la Secretaría.
Otro de los momentos que llamó la atención fue la intervención de Lucas Peláez, gerente de la Unión Temporal Tránsito Pasto, quien salió al paso de las versiones que durante años han circulado sobre una supuesta participación de empresarios mexicanos dentro de la concesión.
Peláez aseguró que la concesión no es una empresa mexicana y explicó que el origen de ese rumor se remonta al proceso de licitación, cuando la unión temporal decidió vincular como proveedor a Cosmocolor, empresa que ya suministraba especies venales a la Secretaría de Tránsito antes de la adjudicación del contrato. Según explicó, aunque existe una relación empresarial con capital extranjero dentro de la cadena de suministro, no hay participación mexicana en la operación de la concesión ni recursos que estén siendo enviados fuera del país.
El gerente también defendió la distribución económica del contrato, señalando que la concesión recibe el 55,11 % de los ingresos generados por los diferentes servicios, mientras el municipio obtiene el 39,89 % y la interventoría el 5 %. Además, afirmó que dichos recursos no representan utilidades para la concesión y que actualmente la operación continúa registrando pérdidas debido a compromisos contractuales que aún no han podido ejecutarse completamente.
Peláez insistió en que existe una desinformación generalizada alrededor del contrato y aseguró que la concesión no administra recursos públicos, sino que recibe una contraprestación por los servicios que presta dentro del modelo establecido por la administración municipal.
La jornada dejó una imagen difícil de ignorar: una concesión respondiendo preguntas, aclarando procedimientos, defendiendo cifras y desmintiendo versiones que circulan en la opinión pública; y una autoridad de tránsito que, en varios momentos, pareció actuar más como espectador que como el principal responsable de un sistema que impacta diariamente a miles de ciudadanos.
Para muchos observadores, la verdadera preocupación ya no es únicamente el número de fotomultas o el porcentaje de los recursos que recibe la concesión. La pregunta que quedó flotando en el recinto fue otra: si el secretario de Tránsito todavía necesita explicaciones sobre aspectos esenciales de la operación de las cámaras, ¿quién está ejerciendo realmente el control sobre el sistema de fotodetección en Pasto?
Lejos de fortalecer la confianza ciudadana, la sesión terminó alimentando las dudas sobre la capacidad de supervisión de la Secretaría y sobre el nivel de conocimiento que tienen sus directivos frente a uno de los mecanismos más polémicos de la movilidad en la capital nariñense.
