El expresidente Gustavo Petro respondió a la acción de tutela presentada por el registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, afirmando que sus denuncias sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales de 2026 «están en manos de la justicia». El Consejo de Estado admitió recientemente la demanda del registrador, quien considera que las declaraciones públicas del exmandatario afectan su honra, buen nombre y la credibilidad institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Petro ha cuestionado reiteradamente la transparencia de los comicios celebrados en mayo y junio de 2026, en los que resultó elegido presidente Abelardo de la Espriella. El exmandatario ha identificado dos aspectos específicos que, en su criterio, generan dudas sobre la integridad del proceso electoral y que sustenta en análisis técnicos y estadísticos.
Los cuestionamientos técnicos de Petro
El primer punto se centra en los formularios E-14 en formato PDF publicados durante el escrutinio. Petro sostiene que el 97 por ciento de estos documentos carecía de código Hash, una herramienta criptográfica que verifica que un archivo digital no haya sido alterado después de su creación. Según el expresidente, la ausencia de este mecanismo de seguridad impide garantizar la integridad de los registros electorales y compromete la confianza en los resultados. Además, cuestionó si las próximas elecciones territoriales previstas para 2027 se realizarán bajo condiciones similares, preguntando: «¿Va a efectuar las próximas elecciones locales también sin código Hash en los formularios, haciéndolas perder su transparencia?»
El segundo aspecto que plantea Petro se refiere a un análisis estadístico que atribuye al colectivo Testigos Digitales. De acuerdo con su interpretación, dicho estudio habría identificado patrones matemáticos repetitivos en miles de mesas de votación distribuidas en más de 1.300 puestos electorales. El análisis utilizó el modelo estadístico Wald-Wolfowitz, conocido como prueba de rachas, y según Petro, los resultados indicarían comportamientos que no corresponderían a una distribución aleatoria de los votos. «Usted, señor registrador, le mintió al pueblo colombiano», manifestó al insistir en que la Registraduría no habría implementado las medidas de seguridad anunciadas para los formularios electorales.
La posición de Penagos y el proceso judicial
Hernán Penagos sostiene que las afirmaciones del exmandatario carecen de sustento técnico y afectan tanto su reputación personal como la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral. A través de la acción de tutela, el registrador busca que Petro rectifique públicamente sus acusaciones relacionadas con un supuesto fraude y con el funcionamiento de la Registraduría. El Consejo de Estado ahora deberá analizar si las declaraciones del expresidente vulneraron los derechos fundamentales invocados por Penagos y si procede una orden de rectificación.
La disputa se produce en medio de un clima político que sigue marcado por las tensiones derivadas de los comicios presidenciales. Mientras Petro insiste en que existen elementos que deben ser investigados por las autoridades competentes, la Registraduría sostiene que el proceso electoral se desarrolló con garantías y conforme a la normatividad vigente. Será responsabilidad de la justicia determinar si las afirmaciones del exmandatario están amparadas por la libertad de expresión y el debate político democrático o si, como sostiene el registrador, constituyen acusaciones que requieren rectificación pública.
La decisión del Consejo de Estado representa un nuevo capítulo en la controversia electoral que ha marcado la transición política en Colombia tras las elecciones de 2026 y abre un interrogante sobre los límites entre el derecho a expresar preocupaciones sobre la integridad electoral y las posibles afectaciones al honor y la reputación de los funcionarios públicos involucrados en los procesos electorales.
