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Colombia

Petro impugna elección de Abelardo De La Espriella ante el Consejo de Estado y anuncia «resistencia activa»

Petro impugna elección de Abelardo De La Espriella ante el Consejo de Estado y anuncia «resistencia activa»

El presidente saliente Gustavo Petro anunció acciones judiciales para impugnar la elección de Abelardo De La Espriella, quien resultó ganador de los comicios presidenciales con un margen inferior al 1%. La demanda será presentada ante el Consejo de Estado el martes 7 de julio, presentada por Luis Guillermo Pérez, exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del Consejo Nacional Electoral. Petro solicita como medida cautelar frenar la toma de posesión presidencial programada para el 7 de agosto, a pesar de que todos los trámites correspondientes ya se han surtido: confirmación de resultados, certificación de la elección tras el escrutinio y entrega de credenciales de presidente electo a De La Espriella.

Una demanda coordinada contra instituciones electorales

La acción judicial será interpuesta contra el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luis Guillermo Pérez, quien fungirá como principal accionante, ha dispuesto una plataforma virtual mediante formulario para que ciudadanos adicionales se sumen a la demanda, ampliando así el número de demandantes. Este mecanismo permite que la impugnación trascienda de una acción individual a una movilización más colectiva, aunque Pérez mantiene su rol como demandante principal.

La presentación de esta demanda ocurre en un contexto de tensión política evidente. Aunque Petro ha afirmado que no «impedirá» el cambio de gobierno y designó al ministro de Hacienda Germán Ávila para representar a su administración en las reuniones de transición con el equipo de De La Espriella, sus acciones judiciales contradicen esa postura de aparente aceptación institucional. El primer encuentro oficial entre ambos equipos está previsto para el jueves en la Casa de Nariño.

De la «no violencia» a la «resistencia activa»

En sus pronunciamientos públicos, Petro ha hablado de mantener la no violencia, pero simultáneamente anunció que pasará «a la fase de resistencia activa». Esta fase, según matizó el mandatario saliente, se activará «si el gobierno entrante agrede los derechos logrados». En sus mensajes en redes sociales, sugirió que se llevarán a cabo protestas en todo el país, argumentando que «el pueblo tiene el derecho de defenderlos en todas las calles». Esta retórica genera incertidumbre sobre si se reactivarán los grupos de protesta que en años anteriores, como 2019 y 2021, mantuvieron sitiadas a varias ciudades colombianas.

El llamado a la resistencia activa mantiene cierta ambigüedad respecto a las acciones concretas que se emplearían, particularmente porque Petro condiciona su implementación a agresiones futuras por parte del nuevo gobierno. Sin embargo, la evocación de movilizaciones previas en ciudades del país sugiere una potencial escalada en la confrontación política y social durante los primeros meses del mandato De La Espriella.

Demandas civiles por calumnias e injurias

Más allá de la impugnación de la elección, Petro adelantó que presentará múltiples demandas civiles contra personas que, a su juicio, lo injurian y calumnian. En un mensaje público, el presidente saliente señaló: «Aviso que de ahora en adelante, ya sin el peso de ser el mandatario de todas y todos, pondré mis denuncias y demandas civiles por calumnia e injuria a toda persona que se atreva a usar sus odios y complejos a través del delito contra mí, mi familia o el progresismo». Esta declaración indica una estrategia de confrontación legal amplia que se extenderá más allá del cuestionamiento electoral.

Iván Cepeda se suma a la desobediencia civil

La posición de Petro se alinea con la del candidato presidencial respaldado por su gobierno, Iván Cepeda, quien fue derrotado en las elecciones pero resultó como senador electo al quedar de segundo en la contienda. Cepeda se ha ratificado diariamente en que se declara en «desobediencia civil pacífica», aunque sin especificar qué medidas concretas tomará en esta dirección. Esta ambigüedad es particularmente significativa porque Cepeda ocupará un escaño en el Senado de la República, lo que lo posiciona como representante de uno de los poderes del Estado mientras simultáneamente se declara en desobediencia a las instituciones.

La participación de un senador electo en un movimiento de desobediencia civil abre interrogantes sobre la viabilidad institucional de tal postura y los conflictos que podrían surgir al interior del Congreso. La falta de claridad sobre las acciones específicas que ambos líderes progresistas tomarán dificulta evaluar el alcance real de sus convocatorias a la resistencia y la desobediencia.

Contexto de una transición conflictiva

La transición entre el gobierno Petro y el gobierno De La Espriella ha comenzado de manera extraoficial y marcada por tensiones evidentes. De La Espriella, categorizado como candidato de orientación ultraderechista, ha formulado denuncias contra su antecesor acusándolo de «hacer contratos a dedo» y presuntos actos de corrupción. Estos señalamientos se han convertido en parte central del discurso del presidente electo durante el proceso de transición, lo que profundiza el clima de confrontación política.

El margen de victoria de De La Espriella, inferior al 1%, en uno de los procesos electorales más cerrados en la historia presidencial reciente de Colombia, ha servido de combustible para los cuestionamientos de Petro sobre la legitimidad de los resultados. Sin embargo, todas las instancias electorales han completado sus procedimientos: escrutinio, certificación y entrega de credenciales, proporcionando bases institucionales para la posesión del nuevo mandatario.

La incertidumbre sobre la viabilidad de las acciones judiciales de Petro y las posibles reacciones en las calles marca el inicio de un período de gobierno que promete ser altamente conflictivo. La combinación de demandas electorales, amenazas de resistencia activa, movilizaciones potenciales y denuncias por calumnias crea un escenario de ingobernabilidad potencial que trasciende el mero cambio administrativo entre gobiernos. Los próximos meses definirán si estas amenazas se concretan en acciones o permanecen como una presión política permanente sobre la administración De La Espriella.

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