Un informe que muestra más desafíos que resultados
El más reciente informe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) presenta un panorama contradictorio para Nariño.
Por un lado, destaca avances institucionales, mesas de diálogo, protocolos de reincorporación, búsqueda de desaparecidos y proyectos de transformación territorial. Sin embargo, en paralelo, el mismo documento evidencia que el departamento continúa siendo uno de los territorios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales y las consecuencias del conflicto.
La OEA reconoce que persisten desplazamientos forzados, confinamientos, amenazas, restricciones a la movilidad y dificultades para garantizar plenamente los derechos de las comunidades. También advierte que la disputa territorial entre diferentes estructuras armadas sigue afectando la vida cotidiana de miles de habitantes.
La paz avanza en el papel, pero la violencia continúa en los territorios
Uno de los aspectos centrales del informe es el seguimiento a la Mesa para la Co-construcción de Paz Territorial entre el Gobierno Nacional y Comuneros del Sur.
Durante el último semestre se avanzó en protocolos para la instalación de una Zona de Ubicación Temporal en Mallama, mecanismos de búsqueda de desaparecidos y acciones relacionadas con memoria histórica y protección de menores.
Sin embargo, la propia OEA advierte que uno de los principales desafíos sigue siendo garantizar las condiciones de seguridad para implementar estos acuerdos y generar confianza en las comunidades. El organismo internacional señala que aún persisten economías ilegales, riesgos para la población y dificultades para consolidar transformaciones reales en los territorios.
El caso de alias “Tito” reabre el debate
Las dudas sobre los avances del proceso aumentaron recientemente tras la fuga de Luis Alberto Villota Rodríguez, conocido como alias “Tito”, uno de los integrantes vinculados al proceso de paz con Comuneros del Sur.
Su escape de una clínica en Pasto generó cuestionamientos sobre los controles institucionales y la efectividad de los mecanismos de seguimiento aplicados a integrantes de organizaciones armadas que participan en negociaciones con el Gobierno.
Aunque el informe de la OEA fue elaborado antes de estos hechos, el episodio terminó alimentando el debate público sobre los beneficios otorgados durante los procesos de diálogo y los resultados concretos que estos están produciendo para la seguridad ciudadana.
Más grupos armados, más disputas
Lejos de mostrar una reducción significativa de actores armados, el informe evidencia la coexistencia de múltiples estructuras ilegales en Nariño.
La OEA identifica presencia de Comuneros del Sur en municipios como Samaniego, La Llanada, Providencia, Cumbal, Ricaurte y Mallama. También reporta actividad de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, el Estado Mayor Central y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).
Incluso advierte que las Autodefensas Unidas de Nariño han incrementado su visibilidad en sectores de la exprovincia de Obando, generando nuevas confrontaciones con otras estructuras armadas.
La minería ilegal y las economías criminales siguen vigentes
Otro aspecto preocupante es que las economías ilícitas continúan siendo una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados.
La OEA señala que en las zonas fronterizas de Nariño los grupos ilegales mantienen actividades relacionadas con la extracción ilícita de minerales y alianzas con organizaciones criminales extranjeras.
Esto significa que, pese a las inversiones realizadas en programas de paz, sustitución de economías ilegales y desarrollo territorial, las estructuras armadas continúan conservando fuentes de ingresos que fortalecen su capacidad operativa.
¿Dónde están los resultados?
Durante los últimos años, el Gobierno Nacional ha destinado importantes recursos económicos, institucionales y políticos para impulsar la denominada Paz Total.
No obstante, el informe deja en evidencia que gran parte de los desafíos históricos permanecen vigentes en Nariño: desplazamientos, control territorial, amenazas contra líderes sociales, presencia de varios grupos armados y economías ilegales.
La propia OEA advierte que uno de los grandes retos es convertir los acuerdos firmados en transformaciones reales para las comunidades y garantizar mecanismos efectivos de seguimiento, financiación y cumplimiento.
Mientras tanto, para miles de habitantes de las zonas rurales del departamento, la percepción sigue siendo la misma: los procesos de paz avanzan en las mesas de negociación, pero los cambios en materia de seguridad y presencia estatal aún son limitados en buena parte del territorio.
