A pesar de los anuncios del Gobierno nacional, la firma del decreto presidencial que derogaría la Zona de Amenaza Volcánica Alta (ZAVA) del volcán Galeras sigue pendiente cuando la administración Petro está próxima a terminar. El corregidor de Genoy, en la zona rural de Pasto, expresó su preocupación por la falta de formalización de este acto administrativo, que ya fue aprobado en otros niveles pero requiere la firma final del presidente para entrar en vigencia.
La medida afectaría directamente a Genoy, Mapachico, el municipio de Nariño y La Florida, territorios que han estado bajo restricciones durante más de dos décadas. Desde 2005, cuando fue declarada la zona de desastre mediante el Decreto Presidencial 4106, estas comunidades han visto frenadas las inversiones públicas y el desarrollo urbanístico.
Un proceso largo pero incompleto
Aunque el Gobierno Departamental, con apoyo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ya firmó el nuevo Plan Integral de Gestión del Riesgo del Galeras, este decreto departamental no levanta por sí solo la declaratoria de desastre. Constituye únicamente el soporte técnico y jurídico basado en estudios actualizados de amenaza volcánica que permite escalar la decisión al nivel nacional. Lo que falta es el decreto presidencial con el cual el proceso se completaría formalmente.
El corregidor de Genoy manifestó su esperanza en que el Gobierno saliente completara esta gestión: «Teníamos la expectativa y la esperanza puesta en este gobierno para que se diera la firma de ese decreto. Lamentablemente, a pesar de que ya está en aprobación, este es el acto de firma formal con el cual nuestro corregimiento, y no solo nuestro corregimiento sino también el de Mapachico, el municipio de Nariño y la Florida, podrían volver a la normalidad, lo que significaría un avance muy importante en cuanto al tema de inversión».
Impacto esperado en infraestructura y desarrollo
Una vez entre en vigencia esta decisión, será posible impulsar proyectos que respondan a las principales necesidades del territorio, especialmente en materia de infraestructura vial. El corregidor hizo un llamado a la administración municipal para agilizar las obras de adoquinamiento previstas en el sector: «Hacemos ese llamado también a la administración municipal para que agilicemos los proyectos de adoquinamiento para que se lleven a cabo en el corregimiento».
En materia de seguridad, el corregidor indicó que se han fortalecido las campañas preventivas junto a la Policía Nacional y los comités de seguridad, aunque reconoció que la participación ciudadana sigue siendo baja. También hizo un llamado a residentes y visitantes a cuidar los espacios públicos recientemente recuperados a través de jornadas de embellecimiento, como el parque del corregimiento donde se sembraron plantas y árboles nativos. «Lamentablemente, por todo el tema de los visitantes se han deteriorado y dañado. He hecho ese llamado a que cuidemos nuestro parque y nuestros árboles porque eso es temprano y embellecimiento de nuestra comunidad».
La derogación de la ZAVA representa un punto de inflexión para estas comunidades que han enfrentado históricamente limitaciones en vivienda, infraestructura educativa y equipamientos públicos. Sin embargo, la falta de la firma presidencial mantiene en suspenso una esperanza que ya lleva más de dos décadas gestándose en el territorio.
