El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes 28 de agosto un acuerdo petrolero con Venezuela que calificó como «el mayor de la historia mundial». Según el mandatario, la transacción asegura el control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo venezolano, sin costo alguno para el contribuyente estadounidense.
El anuncio fue divulgado a través de la red social Truth Social, donde Trump escribió: «¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela!». La negociación fue liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, en conjunto con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, además de empresas del sector privado.
Los beneficios proyectados
Según Trump, la operación más que duplicará las reservas petroleras de Estados Unidos, aumentará considerablemente el suministro de crudo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para los estadounidenses a largo plazo. Rubio calificó el pacto como «una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano» y proyectó que atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, generando empleo y contribuyendo a la reconstrucción económica de Venezuela.
Por su parte, Delcy Rodríguez confirmó el acuerdo en su cuenta de Telegram, señalando que «se contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos, con un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo, una inversión de más de 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado». Describió el pacto como una oportunidad para el «renacimiento» de Venezuela y un importante flujo de inversión hacia la infraestructura estratégica de la industria de hidrocarburos del país.
Un giro en las relaciones bilaterales
Este anuncio marca un punto de quiebre en las relaciones entre ambos países. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, Washington y Caracas pasaron de la confrontación directa a una progresiva normalización, caracterizada por el levantamiento de sanciones y un acercamiento diplomático constante. Como parte de esa distensión, altos funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Energía, Chris Wright, y la encargada de negocios de EE.UU. para Venezuela, Laura Dogú, visitaron recientemente instalaciones de producción petrolera de la empresa conjunta entre Chevron y PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Trump ha insistido en que Venezuela «robó» petróleo estadounidense cuando el expresidente Hugo Chávez nacionalizó hace más de dos décadas cientos de activos de propiedad extranjera, incluidos los de compañías petroleras estadounidenses. Venezuela posee, según estimaciones, unos 303.000 millones de barriles de crudo en el subsuelo, aunque su capacidad de producción se ha reducido drásticamente en los últimos años por el deterioro de la infraestructura y la falta de inversión.
Interrogantes sobre la legalidad y soberanía
A pesar de los anuncios oficiales, distintos analistas y sectores políticos han planteado serios interrogantes sobre la legalidad del acuerdo y sus implicaciones para la soberanía venezolana. La cesión del control mayoritario sobre un recurso estratégico nacional a un gobierno extranjero genera dudas sobre la constitucionalidad del pacto en Venezuela. Además, persiste la incertidumbre sobre si este acuerdo podría fortalecer políticamente a Rodríguez y su gobierno de cara a su permanencia en el poder.
Los detalles operativos del acuerdo permanecen sin divulgarse públicamente. Trump no ha precisado qué significa jurídicamente el «control mayoritario», qué empresas privadas participan exactamente, cuáles son los yacimientos incluidos ni qué recibirá Venezuela a cambio de la cesión de estas reservas estratégicas. La falta de transparencia en estos aspectos ha alimentado aún más las especulaciones y críticas sobre la naturaleza real del pacto.
