El Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena de 12 años de prisión contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del caso por presunta manipulación de testigos.
La decisión se basó en la falta de pruebas directas que vincularan a Uribe como instigador de pagos o presiones a testigos como Carlos Enrique Vélez (‘Víctor’), Eurídice Cortés (‘Diana’) y Juan Guillermo Monsalve. El magistrado Manuel Merchán señaló errores metodológicos, falacias interpretativas y una valoración sesgada de las pruebas en la sentencia de primera instancia.
El fallo también declaró ilegales las interceptaciones telefónicas entre Uribe y su exabogado Diego Cadena, lo que debilitó la base probatoria del caso. Aunque se reconocen pagos y ofrecimientos por parte de Cadena, el Tribunal concluyó que no se acreditó dolo ni participación directa del expresidente.
La absolución ha generado reacciones divididas en el país, mientras persiste el debate sobre el uso político de los procesos judiciales y la calidad de las investigaciones. El caso, uno de los más mediáticos en la historia reciente, deja interrogantes sobre el manejo de testigos, la veracidad de los testimonios y el papel de la Fiscalía en la construcción del expediente.
