La Fiscalía General de la Nación judicializó al teniente Andrés Felipe Bravo Olaya y a los sargentos segundo Jaime Alejandro Sicacha López y José Edier Henao Luna, acusados de recibir dinero de una estructura del Clan del Golfo en Antioquia a cambio de revelar información reservada sobre operativos y ubicación de tropas del Ejército Nacional. Los tres uniformados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, cohecho propio y revelación de secreto agravado.
Según la Fiscalía, los militares estaban adscritos al Batallón Rifles de Caucasia (Antioquia) y al Batallón de Infantería de Selva N.º 48 «Prócer Manuel Rodríguez Torices» con sede en el sur de Bolívar. Integraban una red delictiva que operó entre enero de 2022 y febrero de 2025, con la intermediación de Teresa Jaramillo Giraldo, alias «La Tía», quien ya fue condenada por estos hechos.
Detalles de los delitos imputados
Los elementos de prueba presentados revelan que el 2 de enero de 2022, el entonces subteniente Bravo Olaya presuntamente recibió un millón de pesos, transferido por un militar retirado, para que posteriormente alertara sobre los desplazamientos de los uniformados a su cargo en inmediaciones de Ayapel (Córdoba). Sicacha López es señalado de aceptar una promesa remuneratoria por compartir detalles sobre las operaciones en las que participaba, mientras que Henao Luna habría recibido dinero por la entrega de datos privilegiados sobre los movimientos de la escuadra que comandaba, luego de una llamada de un suboficial retirado el 14 de abril de 2022.
Captura y medidas de aseguramiento
Los tres uniformados fueron capturados por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional en diferentes puntos del país: uno en Cali (Valle del Cauca), otro en el corregimiento Buenavista de Distracción (La Guajira) y el tercero en Yopal (Casanare). Un fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial les imputó los delitos conforme a su posible participación individual.
Respecto a las medidas cautelares, Sicacha López aceptó los cargos y permanecerá privado de la libertad en su lugar de residencia. Los otros dos procesados recibieron medida de aseguramiento intramural, lo que significa que están recluidos en establecimiento penitenciario mientras se desarrolla el proceso judicial.
La red de corrupción investigada evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores de la Fuerza Pública ante el accionar de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que ha mostrado capacidad para cooptar a miembros de la institucionalidad militar mediante pagos y promesas remuneratorias. La intermediación de terceros civiles, como «La Tía», facilitaba el flujo de dinero y la obtención de información crítica sobre despliegues y operaciones militares.
