Transparencia por Colombia, capítulo nacional de Transparencia Internacional, presentó su Balance de Cierre de la Acción Pública Anticorrupción del Gobierno Nacional 2022-2026, un documento que realiza un análisis exhaustivo del cuatrienio presidencial de Gustavo Petro y concluye que la agenda anticorrupción «tuvo un avance desigual», comenzó con un discurso contundente pero «no logró consolidar cambios estructurales». Según la organización, el gobierno estuvo marcado por la ausencia de liderazgo ético de la cabeza del Ejecutivo, quien enfrentó múltiples escándalos que involucraron a funcionarios de su círculo cercano.
El informe cataloga el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como «uno de los mayores escándalos de corrupción de los años recientes». De acuerdo con la Fiscalía citada en el documento, la compra de carrotanques destinados a La Guajira fue ejecutada con un sobrecosto superior a los 16.000 millones de pesos —lo que representa más del 54% del valor real del contrato—. En este entramado participaron el exdirector Olmedo López y el exsubdirector Sneyder Pinilla, quienes confesaron haber entregado 4.000 millones de pesos a los entonces presidentes del Congreso para asegurar votos a las reformas del Gobierno.
Un aspecto particularmente grave en el escándalo UNGRD es la presencia de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia y cercano al presidente, quien actualmente se encuentra prófugo tras obtener residencia en Nicaragua. Para Transparencia por Colombia, que un caso de esta magnitud tuviera su epicentro en una entidad adscrita directamente a la Presidencia «es completamente incoherente» con la narrativa anticorrupción pregonada por el Gobierno.
Financiación cuestionada y tensiones institucionales
El balance de Transparencia por Colombia también detalla irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022. El 27 de noviembre de 2025, el Consejo Nacional Electoral sancionó a la campaña «Petro Presidente 2022» por superar los topes de gastos en ambas vueltas. Las irregularidades incluyeron la omisión de aportes de FECODE por 500 millones de pesos y la ausencia de registro de pagos a testigos electorales por 931 millones. En abril de 2026, la Fiscalía imputó a Ricardo Roa, gerente de esa campaña, por presunta financiación ilegal de la misma.
Un hecho que Transparencia por Colombia calificó como un «precedente extremadamente peligroso» fue el asilo concedido en mayo de 2025 por el presidente Petro al expresidente panameño Ricardo Martinelli, quien había sido condenado en firme a cerca de once años de prisión por lavado de activos. La decisión fue rechazada tanto por Transparencia por Colombia como por Transparencia Internacional.
El informe también documenta los conflictos del Ejecutivo con las demás ramas del poder, incluidas las tensiones con el Banco de la República y los cuestionamientos del presidente al sistema electoral en las elecciones de 2026. Petro denunció un presunto «fraude algorítmico» y exigió el código fuente del software a la Registraduría, a pesar de que las misiones de observación internacional respaldaron la solidez del proceso electoral.
Deterioro crítico en indicadores de gobernanza y democracia
Aunque el documento reconoce avances en materia social —la pobreza monetaria se redujo a 31,8% en 2024 y el desempleo cerró 2025 en 8,9%, la cifra más baja desde 2001—, contrasta estos logros con un fuerte deterioro en los indicadores fiscales y democráticos. El déficit del Gobierno Nacional Central cerró 2025 en 6,4% del PIB, mientras que la deuda pública escaló a 64,4%, niveles que reflejan una gestión macroeconómica problemática.
El aspecto más preocupante desde la óptica de la integridad pública es la caída de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde el país descendió al puesto 99, su nivel más bajo desde 2013. Este indicador, elaborado por Transparencia Internacional sobre la base de 13 fuentes de datos independientes, mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público de 182 países. Paralelamente, el Índice de Democracia de la Unidad de Inteligencia de The Economist registró en 2025 el peor resultado de Colombia desde que se mide el indicador, evidenciando una erosión simultánea de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
Vulneración de derechos de periodistas y libertad de prensa
El balance de Transparencia por Colombia dedica un apartado específico a la libertad de prensa, tema de especial relevancia para el gremio periodístico nacional. El documento recuerda que mediante la Sentencia SU-432 de 2025, la Corte Constitucional ordenó al presidente rectificarse públicamente por vulnerar los derechos fundamentales de mujeres periodistas al calificarlas de «muñecas de la mafia». Esta decisión judicial refleja conflictos entre el Ejecutivo y el ejercicio libre de la profesión periodística.
Los datos sobre agresiones a la prensa en el país son alarmantes. Según documentación de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) citada en el informe, 2024 fue el año más violento de la década para los comunicadores en Colombia, con un total de 530 agresiones registradas. Estas agresiones incluyen amenazas, intimidaciones, detenciones arbitrarias y actos de violencia física contra periodistas que cumplen su función de fiscalización del poder público.
Situación de Nariño: violencia contra líderes y oportunidades en recursos PDET
El informe de Transparencia por Colombia realiza varias menciones relevantes respecto al departamento de Nariño. En materia de seguridad y derechos humanos, Nariño aparece entre los departamentos con mayor concentración de homicidios contra líderes y defensores de derechos humanos, en compañía de Cauca, Antioquia y Valle del Cauca. En 2025, al menos 187 líderes sociales fueron asesinados en el país, muchos de ellos operando en contextos de conflicto armado y presencia de grupos criminales en territorios del sur colombiano.
En el capítulo de implementación de la paz, el balance destaca un dato positivo para la región nariñense. La creación de 16 «bolsas subregionales» que reemplazaron la bolsa única de recursos del OCAD Paz permitió que la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense aumentara significativamente su participación en los recursos: del 1,93% pasó al 3,5% del total disponible. Este mecanismo, programado para el bienio 2025-2026, incluyó cuatro convocatorias que sumaban 5,2 billones de pesos para iniciativas de estabilización y construcción de paz en los territorios PDET.
En la Sesión 86 del OCAD Paz (marzo de 2026), se aprobaron 97 proyectos por un valor de 1,91 billones de pesos distribuidos entre las 16 subregiones PDET del país. Estos recursos se destinaron a iniciativas de desarrollo rural, fortalecimiento institucional y reconciliación comunitaria en zonas que históricamente han experimentado los mayores impactos del conflicto armado y la pobreza.
Implicaciones para la gobernanza y perspectivas futuras
El Balance de Cierre de Transparencia por Colombia representa una evaluación crítica del desempeño del Gobierno Petro en materia de anticorrupción e integridad pública. Aunque el documento reconoce logros en reducción de pobreza y desempleo, señala que estos avances sociales no pueden compensar la erosión institucional y la caída en los índices de confianza pública. La coexistencia de mejoras económicas con deterioro democrático y de gobernanza refleja una contradicción fundamental en la gestión pública del cuatrienio.
La caída de Colombia al puesto 99 en percepción de corrupción contrasta con la narrativa anticorrupción que caracterizó la campaña presidencial de 2022. Según estándares internacionales, esta caída en indicadores de integridad es particularmente preocupante porque erosiona la legitimidad de las instituciones y reduce la confianza ciudadana en la capacidad del Estado para combatir la corrupción. El informe subraya que la agenda anticorrupción requiere no solo anuncios de política pública, sino cambios estructurales consolidados en el tiempo, liderazgo ético desde la cabeza del Ejecutivo y una separación clara entre los intereses políticos y la investigación independiente de delitos de corrupción.
Para departamentos como Nariño, el balance ofrece tanto señales de alerta como oportunidades. Si bien la violencia contra líderes y defensores de derechos humanos continúa siendo elevada, la reconfiguración de los mecanismos de asignación de recursos PDET representa una oportunidad para fortalecer iniciativas locales de reconciliación y desarrollo en territorios históricos del conflicto. El aumento de participación presupuestal de la subregión del Pacífico y Frontera Nariñense refleja un reconocimiento de la necesidad de inclusión territorial en la construcción de paz, aunque su efectividad dependerá de que estos recursos se ejecuten con transparencia y con participación genuina de las comunidades locales.
