Menos de un mes después de asumir la presidencia, Abelardo de la Espriella encendió una crisis política con Nariño al advertir que no tolerará que gobernadores y alcaldes «terminen aliados con estos bandidos» y que «los vamos a hacer pagar también». La declaración generó una respuesta contundente del gobernador Luis Alfonso Escobar, quien rechazó pasar «de paz total a guerra total» y fue categórico: no permitirá que Nariño «lo llenen en sangre».
El punto de quiebre fue un Consejo de Seguridad realizado en Cúcuta el 1 de septiembre de 2026, después de un atentado con carro bomba atribuido al ELN contra la estación de Policía de Los Patios, que dejó un civil muerto y 11 heridos. Durante el encuentro, De la Espriella reiteró que liberará los territorios «por la razón o por la fuerza» y sostuvo que «cuando los bandidos están ganando es porque están asociados con el gobierno». La frase dirigida directamente a mandatarios seccionales fue contundente: no se permitirá su alineación con grupos ilegales. Varios alcaldes de Norte de Santander no asistieron o llegaron tarde al evento, lo que generó molestia en el Ejecutivo.
La respuesta desde Nariño: cifras de desescalamiento
El gobernador Escobar, del Pacto Histórico, rechazó en entrevista con Caracol Radio lo que consideró una estigmatización generalizada de las autoridades territoriales. Presentó cifras concretas de su gestión: una reducción del 52 % en homicidios violentos, y en Tumaco la tasa de asesinatos pasó de 75 a 14 por cada 100.000 habitantes, por debajo del promedio nacional de 26. Además, mencionó el proceso de desarmamiento con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), con 99 hombres desarmados en una Zona de Ubicación Temporal supervisada por la MAPP/OEA, la destrucción de 14 toneladas de explosivos y acuerdos de sustitución de más de 20.000 hectáreas de cultivos ilícitos.
Durante años, Nariño ha sido presentado como el laboratorio más exitoso de la estrategia de «paz territorial»: diálogos simultáneos con Comuneros del Sur (disidencia del ELN) y la CNEB (disidencias de las FARC), con énfasis en transformación territorial, desminado, reducción de desplazamientos y reclutamiento, e inversión social. Para Escobar, la paz no es solo diálogo con los armados, sino desarrollo integral del territorio.
El respaldo del Ministerio del Interior y la estrategia nacional
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respalió los señalamientos del presidente. En redes sociales afirmó que la «paz total» fue «una maniobra para maniatar a la Fuerza Pública y legalizar el control del crimen sobre territorios y ciudadanos». Reiteró que el deber del Gobierno es liberar los territorios del narcoterrorismo y que las autoridades locales «no pueden compaginar ni contemporizar con el crimen».
El enfrentamiento refleja un cambio radical en la estrategia de seguridad frente al legado del gobierno de Gustavo Petro. Nariño permanece como territorio estratégico: es frontera con Ecuador, salida al Pacífico y corredor de economías ilícitas. Persisten múltiples grupos criminales —ELN, disidencias de las FARC, estructuras residuales y presuntas nuevas autodefensas—, y aunque las cifras de hechos victimizantes han bajado respecto a 2023, alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y reportes oficiales reconocen reconfiguraciones, reclutamiento y riesgos de confrontación en la región.
