Santa Marta y varias zonas del departamento del Magdalena enfrentan días de tensión e incertidumbre por un paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado ilegal con presencia en la Sierra Nevada que mantiene disputas por el control territorial y economías ilegales en la región Caribe. El paro, anunciado para 48 horas, ha generado restricciones en la movilidad, cierre de comercios, vehículos quemados y presencia de hombres armados en las calles, afectando la vida cotidiana de miles de habitantes.
La amenaza del paro se conoció el 21 de septiembre, un día después de que alias «Cholo», señalado como segundo jefe de la estructura criminal, fuera dado de baja en un operativo del Gobierno en la Sierra Nevada. Según un comunicado difundido en redes sociales por el grupo, el paro sería una respuesta a las acciones de la fuerza pública. Sin embargo, las autoridades departamentales han negado la validez del paro, aunque adoptaron medidas de seguridad: militarización de Santa Marta, despliegue de unidades especiales de Policía, suspensión de clases presenciales en algunos sectores y restricción del tránsito de parrilleros en motocicleta.
Respuesta militar del Gobierno Nacional
Ante la escalada de violencia, el Gobierno Nacional desplegó operativos militares y policiales en el Magdalena y la Sierra Nevada. El presidente Abelardo de la Espriella viajó a Santa Marta luego de una operación en la que fueron abatidos varios integrantes de las ACSN, entre ellos uno de los señalados líderes financieros de la organización. La administración nacional ha defendido una estrategia de seguridad basada en operaciones ofensivas contra grupos armados ilegales, marcando una diferencia frente a políticas de negociación previas. Según el Ejecutivo, el objetivo es debilitar las estructuras criminales y recuperar el control institucional en zonas afectadas.
Impacto en comercio y comunidades
El impacto del paro se extendió más allá de Santa Marta. En La Guajira, negocios cerraron sus puertas durante 72 horas, principalmente en sectores comerciales de Riohacha, donde la movilidad se volvió intermitente. El transporte operó de forma limitada en otras zonas del departamento, y varias comunidades optaron por el confinamiento. La Defensoría del Pueblo advirtió sobre las amenazas de paro armado y urgió a las autoridades a adoptar medidas de protección para la población civil, solicitando además que el Gobierno nacional abordara el asunto en espacios de diálogo.
Comerciantes, transportadores y ciudadanos han manifestado temor por posibles represalias y por las afectaciones que generan las restricciones de movilidad y las amenazas de grupos armados. Diversos sectores sociales han insistido en la necesidad de que las acciones de seguridad estén acompañadas por inversión social, oportunidades económicas y una presencia permanente del Estado en zonas históricamente afectadas por el conflicto.
Desafíos pendientes para la región
Aunque las autoridades consideran que los recientes operativos representan un golpe importante contra las estructuras ilegales, analistas advierten que la estabilidad de la región dependerá no solo de las acciones militares, sino también de la capacidad institucional para evitar que nuevos actores armados ocupen espacios dejados por organizaciones debilitadas. La persistencia de acciones como estas, junto con mensajes contradictorios dentro del mismo grupo, refleja las tensiones y falta de consolidación en ese territorio.
Por ahora, Santa Marta continúa bajo la atención de las autoridades nacionales, mientras la ciudadanía espera recuperar plenamente la tranquilidad en una de las regiones turísticas y estratégicas más importantes del Caribe colombiano.
