Un esquema de corrupción revelado por Semana
La revista Semana publicó un amplio reportaje que expone un presunto esquema de corrupción que funcionó entre el segundo semestre de 2024 y marzo de 2025, en el que Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían cobrado millones de pesos a empresarios a cambio de supuestas gestiones para conseguir contratos en ministerios del Gobierno Petro. Las pruebas incluyen testimonios de tres personas que participaron en el entramado, chats y audios de WhatsApp, tiquetes aéreos, consignaciones bancarias y movimientos financieros que documentarían la operación.
Según el reportaje, el esquema contemplaba una tarifa de $1.000.000 por cada reunión, un anticipo de $200.000.000 como compromiso inicial y el cobro del 10% del valor de cada proyecto adjudicado. En las conversaciones analizadas por la revista, Juliana Guerrero asumía las gestiones ante entidades gubernamentales, mientras que su hermana Verónica mantenía la comunicación directa con los empresarios interesados y con David Trespalacios, un joven de Barranquilla, Atlántico, cercano a la familia que supuestamente recibía y distribuía el dinero.
Los ofrecimientos y la estructura de pagos
Dos empresarios que participaron en el entramado revelaron a Semana que les ofrecieron proyectos específicos a cambio de pagos escalonados. Entre los proyectos mencionados estaban sistemas de cámaras de seguridad, un acueducto en el departamento del Cesar y planes de mejoramiento de vivienda en múltiples municipios, además de presuntas reuniones con alcaldes y funcionarios del Gobierno.
Uno de los empresarios declaró bajo reserva que «se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran, y el 10 por ciento de cada mejoramiento de vivienda por municipio». Ese mismo testimonio ejemplificó el esquema: si el municipio de Aguachica recibía mejoramientos por $6.000.000.000, las hermanas Guerrero tendrían que recibir $60.000.000 como comisión.
El proyecto del acueducto en Cesar y la participación de funcionarios
Las pruebas sitúan a Verónica Guerrero como enlace central en el proyecto del acueducto en Cesar, específicamente con Edward Libreros, quien ocupaba el cargo de viceministro de Agua y Saneamiento Básico. En los registros analizados por Semana aparecen dos tiquetes aéreos que empresarios compraron para que Verónica viajara a Aguachica el 5 de diciembre de 2024 desde Bogotá y regresara esa misma noche desde Bucaramanga, Santander.
Seis días después de ese viaje, Verónica escribió en WhatsApp al empresario: «Mi hermana (Juliana) ya está en eso. Ya ella habló con él (Edward Libreros). Quedaron de verse para que ella le comente el compromiso». Tras este mensaje, comenzó la entrega escalonada del anticipo de $200.000.000. Los chats posteriores muestran que Verónica informaba regularmente al empresario sobre el avance de las gestiones, incluyendo referencias a trámites con la cartera de Hacienda y reuniones oficiales que supuestamente coordinarían.
El 10 de febrero de 2025, Verónica escribió: «Esperando que Hacienda nos libere los CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)», y mencionó una reunión oficial con el viceministro y su equipo para revisar presupuestos de acueductos y coordinar encuentros con alcaldes. Sin embargo, cuando aparecieron obstáculos, el 18 de febrero reportó demoras y las atribuyó a la cartera de Hacienda. En sus últimos mensajes del 3 y 6 de marzo, reiteró que el trámite continuaba en curso y relacionó la tardanza con las prioridades del Gobierno respecto a la situación de Catatumbo y el estado de conmoción interior del país.
Los registros de dinero y las cuentas personales
Conforme avanzó el tiempo, los pagos comenzaron a dirigirse de manera directa a las cuentas personales de Juliana y Verónica. Un chat del 28 de diciembre de 2024 muestra a un empresario preguntando por Nequi, recibiendo el número de cuenta de Juliana y luego reportando una consignación de $5.000.000 para que su hermana la verificara. Según los reportes financieros a los que accedió Semana, uno de los empresarios entregó un total de $53.000.000 a las hermanas Guerrero, distribuidos entre dinero en efectivo y consignaciones a sus cuentas.
La revista enumeró movimientos específicos por $5.000.000, $1.800.000, $3.200.000, $3.950.000, $3.050.000 y $10.000.000, entre otros. Las instrucciones sobre cómo distribuir el dinero quedaron documentadas en mensajes. David Trespalacios escribió, según las evidencias publicadas: «Verónica Guerrero, cuenta de ahorro, 12,5 (millones de pesos) aquí; Juliana Guerrero, 12,5 (millones de pesos) aquí; Wilmer Trespalacios, 10 (millones de pesos)», y los empresarios enviaban los comprobantes de consignación por WhatsApp como constancia de los pagos realizados.
Indicios de influencia dentro del Gobierno y referencias a funcionarios
Más allá del aspecto puramente financiero, los mensajes analizados por Semana contienen indicios de que las hermanas Guerrero presuntamente utilizaban influencias dentro del Gobierno Petro para favorecer intereses específicos. En uno de los intercambios, un empresario comentó que el dinero era «para los de adentro» y para ellas, a lo que Verónica respondió: «Exacto. Entre más uno les joda a los del min (Ministerio), ellos también joden». Esta respuesta sugiere un sistema de represalias y negociación con funcionarios dentro de carteras ministeriales.
Las conversaciones también muestran a Verónica informando sobre los movimientos de Juliana dentro de entidades oficiales. El 20 de enero de 2025 afirmó que su hermana estaba «en Palacio», refiriéndose al Palacio de Nariño. Al día siguiente, escribió: «Juliana tiene reunión hoy con el jefe de jefes», una frase que según los denunciantes hacía alusión al presidente Gustavo Petro. Estos mensajes revelarían una cercanía o pretensión de cercanía con altos niveles del Ejecutivo.
Alcance de las gestiones en múltiples ministerios
Los ofrecimientos de influencia no se limitaban al Ministerio de Vivienda ni al proyecto del acueducto. Los chats analizados mencionan supuestas gestiones en Fiduagraria S.A., en el Fondo Colombia en Paz, en el Ministerio de la Igualdad y en el Ministerio de Ambiente. Además, hay un audio en el que Juliana supuestamente aceptó ayudar a la Gobernación del Cesar en gestiones relacionadas con Jorge Barros. Estos datos sugieren que el esquema era mucho más amplio que lo que inicialmente podría parecer, abarcando múltiples entidades y proyectos.
Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), brindó una declaración contundente a Semana sobre la participación de las hermanas en decisiones gubernamentales sin ser funcionarias públicas. «Ella (Juliana Guerrero), sin ningún escrúpulo, tiene el descaro de ir a las entidades a mandar, a decir qué se contrata, a quién se vincula y a quién no. Ella, con su hermana, va al Ministerio de la Igualdad y toman decisiones sin ser funcionarias públicas», afirmó Rodríguez. Este testimonio de una exfuncionaria del Gobierno refuerza los indicios de una injerencia real en procesos de contratación estatal.
El cierre de las conversaciones analizadas refuerza la idea de una influencia que iba más allá de la simple intermediación para obtener contratos. En uno de los últimos mensajes, Verónica describió que dedicaba horas a evitar la salida de un alto cargo en el Ministerio de Ambiente porque, según su propia versión, perder ese aliado podría afectar intereses que consideraba claves para su operación en esa cartera ministerial. Esta actitud revela un grado de control sobre decisiones de personal en entidades del Estado que trasciende las actividades de un particular.
