El Pacto Histórico, principal fuerza de oposición tras la derrota presidencial de 2026, enfrenta una crisis pública de unidad que amenaza su cohesión tanto en Bogotá como en sus bastiones territoriales. La senadora Carolina Corcho ha cuestionado públicamente decisiones de su propia bancada, mientras sectores cercanos a Iván Cepeda y Gustavo Petro defienden autonomía legislativa, exponiendo fracturas que van más allá de desacuerdos tácticos.
El conflicto se encendió con la votación de cinco congresistas del Pacto —Alejandro Toro, María del Mar Pizarro, Heráclito Landínez, Jorge Bastidas y Gabriel Becerra— en favor de una proposición que buscaba traspasar el expediente contra Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja y el asesinato del defensor Jesús María Valle (hechos de 1996-1998, cuando era gobernador de Antioquia) de la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Corcho calificó la decisión como «inaceptable» y cuestionó en redes sociales cómo era posible que congresistas del Pacto «terminen aliados del Centro Democrático». Argumentó que la Corte Suprema declaró estos crímenes como de lesa humanidad e imprescriptibles en 2018, y que la competencia es exclusiva de la Fiscalía porque los hechos son anteriores a la presidencia de Uribe.
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La bancada respondió con un comunicado en el que negó «acuerdo político alguno que comprometa la justicia, la verdad o los derechos de las víctimas». Sin embargo, el choque se tornó personal cuando Corcho exigió explicaciones a sus propios congresistas. Iván Cepeda respondió que no aceptaba «lecciones de ética» en un tema en el que él ha sostenido procesos contra crímenes de Estado, y reafirmó que la Fiscalía debe mantener la competencia. El abogado Miguel Ángel del Río respaldó a Corcho argumentando que «nada justifica» el voto de los cinco congresistas, aunque voces internas reconocen que no tenían mayorías para frenar la proposición.
Decisiones cerradas y acusaciones de «cúpula»
Otra grieta se abrió con la elección de candidatos a magistrados del Consejo Nacional Electoral. Corcho había anunciado que la decisión se tomaría en una reunión de bancada «democrática», pero sectores del partido denunciaron que una «pequeña cúpula» —con nombres como Felipe Harman, Landínez y Becerra— impuso nombres sin respetar acuerdos previos, incluso con aliados como el Partido Verde. Esta dinámica se suma a denuncias históricas de Colombia Humana, el partido fundado por Petro que se fusionó al Pacto con dificultades, sobre decisiones unilaterales, exclusiones en procesos de fusión y presiones sobre listas internas.
Corcho impulsa la tendencia «¡Ni un paso atrás!» con reuniones regionales para reorganizar el partido, lo que algunos interpretan como un proyecto paralelo. Petro ha negado públicamente que existan divisiones en el Pacto, aunque los hechos evidencian lo contrario. Las tensiones revelan una pugna más profunda sobre el tipo de oposición que la coalición ejercerá frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Nariño en la encrucijada: riesgo electoral de 2027
Nariño es uno de los bastiones más sólidos del Pacto Histórico. En la primera vuelta presidencial de 2026, Iván Cepeda obtuvo el 68,54 % de los votos (472.845 sufragios) y ganó en 62 de los 64 municipios. El gobernador Luis Alfonso Escobar, del Pacto, ha convertido al departamento en laboratorio territorial de la «Paz Total» con acuerdos con disidencias. En el Congreso, la coalición tiene tres representantes por Nariño (Erick Velasco, Rosa Guevara y Cristian Palacios) y el senador Alberto Benavides.
Sin embargo, una fractura nacional puede debilitar esa hegemonía local de cara a las elecciones regionales de octubre de 2027, en las que Escobar aparece bien posicionado en encuestas para la Gobernación. Si la tendencia de Corcho organiza comités departamentales propios, como ya comenzó a hacer en 32 regiones, corre el riesgo de generar estructuras paralelas que dividan votos en un departamento con fuertes bases campesinas, afro e indígenas.
Además, el nuevo Gobierno ha cerrado diálogos de paz. Una oposición fragmentada en el Congreso y en el territorio reduciría la capacidad del Pacto para defender los acuerdos firmados en Nariño, presionar por inversión en vías, sustitución de cultivos y atención a víctimas, y coordinar la campaña por alcaldías clave como Pasto y Tumaco. La unidad o la ruptura que se resuelva en Bogotá se sentirá de inmediato en las calles y las urnas del sur del país.
