La revelación realizada por Noticias Caracol y Ricardo Calderon, de una serie de audios atribuidos al exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, durante contactos sostenidos con representantes del Clan del Golfo en los primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, ha provocado una nueva tormenta política en Colombia y reactivado las críticas sobre los resultados de la política de “Paz Total”.
Las grabaciones, divulgadas recientemente por Noticias Caracol y replicadas por diversos medios nacionales e internacionales, muestran conversaciones en las que presuntamente se habrían planteado gestos gubernamentales orientados a facilitar un eventual proceso de sometimiento o negociación con la organización criminal más poderosa del país. Entre los temas mencionados aparecen la suspensión de bombardeos, limitaciones a operaciones de inteligencia, revisión de órdenes de captura y garantías para avanzar en acercamientos con los cabecillas de la estructura armada.
La controversia surge porque varios de estos compromisos nunca fueron anunciados públicamente en ese momento y porque coinciden con un período en el que organismos de seguridad y analistas venían advirtiendo sobre el crecimiento territorial y militar de diferentes grupos armados ilegales en varias regiones del país.
Las críticas a la estrategia de negociación
Desde el inicio del gobierno Petro, la Paz Total fue presentada como una apuesta para reducir la violencia mediante diálogos simultáneos con guerrillas, disidencias, bandas criminales y organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, sectores políticos, militares y académicos han cuestionado que varios de esos procesos avanzaron sin que se registraran reducciones sostenidas en los indicadores de violencia en numerosas regiones del país.
Las críticas se han intensificado porque mientras avanzaban los acercamientos con organizaciones armadas, varias estructuras continuaron expandiendo su influencia territorial, especialmente en corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y las economías ilícitas.
Analistas han advertido que las suspensiones temporales de órdenes de captura y la creación de zonas especiales para facilitar procesos de diálogo podrían haber generado oportunidades para el fortalecimiento operativo de algunos grupos, aunque el Gobierno ha defendido estas medidas como herramientas necesarias para lograr avances en los procesos de paz.
El debate sobre los bombardeos y las operaciones militares
Uno de los aspectos que más controversia ha generado es la referencia a la suspensión de bombardeos y operaciones ofensivas.
Durante el actual gobierno se tomaron varias decisiones orientadas a reducir determinadas acciones militares en el marco de procesos de diálogo con organizaciones armadas. Incluso en fechas recientes se conocieron decretos que suspendieron temporalmente operaciones contra algunas estructuras disidentes para facilitar traslados hacia zonas de ubicación temporal destinadas a los procesos de negociación.
No obstante, también existen registros de operaciones militares contra el Clan del Golfo y otras organizaciones durante el mismo período, lo que ha llevado al Gobierno y a exfuncionarios a sostener que nunca existió una orden general de desmantelar las capacidades operativas de la Fuerza Pública.
El exministro de Defensa Iván Velásquez afirmó que no tuvo conocimiento de compromisos secretos relacionados con la suspensión de operaciones y aseguró que las decisiones militares continuaron adoptándose dentro de los marcos legales establecidos.
Un escándalo que llega al final del gobierno
La polémica estalla en un momento particularmente sensible para el país. Los audios se conocen cuando el gobierno Petro entra en su etapa final y cuando el proceso con el Clan del Golfo se encontraba en una fase decisiva relacionada con zonas de ubicación temporal y eventuales procesos de desmovilización parcial.
Al mismo tiempo, nuevas revelaciones periodísticas han involucrado a otros exfuncionarios vinculados a los acercamientos con estructuras criminales, aumentando las dudas sobre la forma en que se desarrollaron algunos contactos dentro de la estrategia de Paz Total.
El balance que deja la Paz Total
Más allá de las responsabilidades que puedan determinar las autoridades competentes, el escándalo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que ha acompañado al país durante los últimos años: ¿la Paz Total debilitó o fortaleció a las organizaciones armadas ilegales?
Mientras el Gobierno sostiene que abrió espacios inéditos para la negociación y la reducción de la violencia, sus críticos afirman que varios grupos aprovecharon las pausas operacionales y los acercamientos institucionales para expandir su presencia en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Lo cierto es que las revelaciones conocidas esta semana podrían desencadenar nuevas investigaciones políticas, judiciales y disciplinarias que permitan esclarecer si existieron compromisos irregulares, quiénes participaron en ellos y cuál fue su verdadero impacto sobre la seguridad nacional.
Con el país entrando en una nueva etapa política tras las recientes elecciones presidenciales, el debate sobre la Paz Total promete convertirse en uno de los temas centrales para evaluar el legado del gobierno saliente y definir el rumbo de la política de seguridad de Colombia durante los próximos años.
