En las últimas horas se conoció que el Gobierno Nacional tendría un decreto que trasladaría a 6.5 millones de usuarios a la Nueva EPS que ahora será manejada por el Ministerio de Salud según informó el presidente Gustavo Petro. Adicionalmente se prepara una ley que obligue a los dueños de las EPS a pagar las deudas con las IPS a través de sus patrimonios privados. Está decisión ha causado revuelo en todo el país.
El acto administrativo precisa que las EPS deberán tener un tope de afiliados por región y las que no superen cierto porcentaje deberán salir de los departamentos a otras zonas. El debate surge porque la Nueva EPS, en el caso de Antioquia, tienen un gran de afiliados y la llegada de nuevos usuarios podría colapsar la atención al no tener la capacidad estructural para su respectiva atención. No obstante desde el Gobierno señalan que técnicamente no es posible tener EPS en territorios con pocos afiliados y sin las garantías para brindarles atención médica.
Por ejemplo en departamentos con más de 2 millones de habitantes solamente podrán operar EPS con más del 5% de usuarios, mientras que en departamento con menos de 2 millones de habitantes las EPS deberán tener al menos el 15% de usuarios concentrado. Las entidades que no cumplan esa norma deberán salir de estos territorios.
Ahora miles de usuarios se encuentran en incertidumbre por esta medida y esperan que la atención médica en las diferentes IPS no se vea afectada por el cambio de EPS según lo ordenado por el Gobierno Nacional.
