Un juez de la República ordenó al alcalde de Pasto, Nicolás Toro, adelantar el proceso de recuperación del espacio público que actualmente se encuentra ocupado por vendedores ambulantes en distintos sectores de la ciudad. El fallo fija un plazo aproximado de un año para que la Administración Municipal cumpla con esta disposición.
La decisión judicial no se limita únicamente a la restitución del espacio público. El juez también estableció la obligación de garantizar alternativas laborales a las personas que hoy dependen del comercio informal para su sustento, una condición que ha generado preocupación debido a las limitaciones presupuestales y administrativas del municipio.
Desde distintos sectores se advierte que, si bien la recuperación del espacio público es clave para mejorar la movilidad, el orden urbano y la seguridad, la medida no puede desconocer el derecho al trabajo ni afectar el sustento de cientos de familias que subsisten gracias a esta actividad económica.
El fallo abre un escenario complejo para la Administración Municipal, que deberá diseñar estrategias de reubicación, formalización o generación de empleo, en articulación con otras entidades del Estado, y en medio de un contexto fiscal limitado.
La decisión judicial reaviva el debate en Pasto sobre la necesidad de políticas públicas integrales que permitan equilibrar el ordenamiento del espacio público con soluciones sociales sostenibles para la población dedicada al comercio informal.
