El juez cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pasto concedió la libertad condicional a Pedro Andrés Rodríguez Melo, el primer condenado por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La notificación se hizo oficial el martes 27 de octubre, cuando fue notificada la cárcel de Pasto y se expidió la boleta de libertad.
Rodríguez Melo, quien se desempeñaba como asesor jurídico de la UNGRD, cumplía una condena de 58 meses y 10 días de prisión. El juez le impuso un período de prueba igual al tiempo que le falta para cumplir completamente su pena: 35 meses y 15 días. En la resolución, el despacho señaló: «CONCEDER a favor del señor PEDRO ANDRES RODRIGUEZ MELO, el beneficio de la libertad condicional, con un período de prueba igual al que le falta para cumplir la pena impuesta, esto es, 35 meses y 15 días».
La decisión se fundamentó en el buen comportamiento de Rodríguez Melo durante su permanencia en el centro carcelario. Además, su defensa presentó solicitudes de redención de pena por actividades de estudio y trabajo que realizó en prisión, lo que el despacho evaluó favorablemente al momento de otorgar el beneficio.

Su papel en el caso UNGRD y colaboración con la Fiscalía
Rodríguez Melo es testigo de la Fiscalía General de la Nación contra 13 personas que al parecer participaron en los hechos de corrupción que rodearon el desfalco de la UNGRD. Esta cooperación se enmarca dentro de un principio de oportunidad que celebró con la entidad investigadora. En su acuerdo, el exasesor aceptó cargos por delitos que incluyeron concierto para delinquir y falsedad en documento público.
Según las investigaciones, Rodríguez Melo habría recibido 1.000 millones de pesos por gestionar la adjudicación de un polémico contrato para carrotanques destinados a La Guajira. El exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, declaró que Rodríguez Melo revisaba documentos contractuales antes de que llegaran a la firma del exdirector de la UNGRD, Olmedo López.


Avances y estado actual del macrocaso
Desde que la Fiscalía General de la Nación inició la macroinvestigación por el desfalco de la UNGRD, se han proferido siete condenas que están en firme: seis por preacuerdo y una por allanamiento a cargos. Además, los jueces de Control de Garantías han avalado siete principios de oportunidad. Se espera que los jueces de la República se pronuncien sobre el allanamiento a cargos y los principios de oportunidad de cinco personas relacionadas con el capítulo de la Agencia Nacional de Tierras, con audiencias programadas entre septiembre y noviembre de este año.
Los procesos contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco; el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ramón González; y los exfuncionarios de Función Pública César Manrique Soacha y Jorge Aristizábal Rodríguez se encuentran en etapa preparatoria de juicio. Se espera que en segunda instancia se aprueben las órdenes judiciales para obtener elementos probatorios que la defensa utilizaría en el juicio.
A mediados de septiembre, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, modificó parcialmente la asignación de la investigación mediante la Resolución No. 0-0289 del 16 de septiembre de 2026. Se vincularon cuatro fiscales experimentados, uno de ellos delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, con sus respectivos asistentes. Estos funcionarios, con experiencia en la desarticulación de entramados de corrupción, intervendrán en actuaciones contra personas no aforadas para fortalecer la respuesta investigativa, distribuir la carga de trabajo y agilizar la judicialización. Mientras tanto, tres radicados que vinculan a personas aforadas permanecerán exclusivamente a cargo de la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, y 24 investigaciones que involucran a personas no aforadas serán asumidas por fiscalías de la Dirección Especializada contra la Corrupción hasta su culminación.