El Gobierno Nacional puso punto final a la Mesa de Diálogos de Paz con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) mediante la Resolución Ejecutiva 346, firmada el 28 de agosto de 2026 por el presidente Abelardo de la Espriella. La decisión cierra un proceso que se había extendido por más de un año, dejando sin efecto las negociaciones que se llevaban adelante principalmente en territorio nariñense y que buscaban la reinserción de combatientes a la vida civil.
Según el documento oficial, el Gobierno consideró que la CNEB carecía de una «voluntad efectiva de paz y de reinserción a la vida civil», lo que justificó la terminación de la mesa. Con esta resolución quedan derogadas las resoluciones 064 de febrero de 2024 y 202 de julio de 2025, que sustentaban el proceso de diálogo y el reconocimiento de esta estructura armada dentro de las conversaciones de la Paz Total. La Oficina del Consejero Comisionado de Paz debe comunicar la decisión a las autoridades judiciales y administrativas según lo establece la Ley 2272 de 2022.
Un proceso tejido en Nariño
Nariño fue escenario central de la negociación desde su instalación. Entre junio de 2025 y abril de 2026, la CNEB sostuvo varios ciclos de diálogos en el departamento: en Pasto avanzaron en soluciones jurídicas para combatientes; en Barbacoas, al cierre del sexto ciclo, llegaron a acuerdos para iniciar el tránsito hacia la vida civil mediante una Zona de Ubicación Temporal en Valle del Guamuez (Putumayo), con 60 de las 120 plazas destinadas específicamente para integrantes de la CNEB en Nariño; en Roberto Payán, líderes del grupo manifestaron intención de erradicar más de 1.300 hectáreas de coca, asegurando que ya no había siembra activa en ese territorio.
El proceso también contemplaba una meta ambiciosa: la erradicación y sustitución de 30.000 hectáreas de coca, repartidas en partes iguales entre Nariño y Putumayo (15.000 hectáreas cada uno), bajo verificación de la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. Este compromiso representaba uno de los pilares centrales de la negociación y la principal fuente de tensión que eventualmente debilitó la mesa.
Las grietas que precipitaron el cierre
El séptimo ciclo de diálogos ya había sido suspendido en más de una ocasión por inconvenientes relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos. El gobierno anterior había puesto en tela de juicio la voluntad de la CNEB frente a este compromiso, llegando incluso a plantear un ultimátum sobre la posible extradición del cabecilla del grupo, Andrés Fabián Velasco, alias «Araña», si no se demostraban avances concretos. El jefe negociador de ese momento, Armando Novoa, había revelado un problema de fondo: la exigencia de que la CNEB financiara y ejecutara directamente la erradicación de coca, una condición que generó resistencia en varias facciones del grupo armado.
La ruptura llega apenas días después de que la Gobernación de Nariño, a través del mandatario Luis Alfonso Escobar Jaramillo y los secretarios de Gobierno y Paz, manifestara públicamente su respaldo a la continuidad de las conversaciones. La administración departamental había destacado un balance de 16 acuerdos alcanzados durante la Mesa de Diálogos, señalando que el proceso había permitido salvar vidas, reducir la violencia y atraer inversión hacia los territorios afectados. Esta decisión del Gobierno Nacional cierra de tajo cualquier posibilidad de continuidad para ese proceso que la administración departamental venía respaldando activamente.
Interrogantes abiertas para Nariño
El cierre de la mesa deja varias preguntas sin respuesta sobre el futuro inmediato de la región: ¿qué pasará con las Zonas de Ubicación Temporal previstas en Nariño que iban a albergar a 60 excombatientes en proceso de tránsito a la vida civil?; ¿qué ocurrirá con los compromisos de sustitución de cultivos en municipios como Roberto Payán y Barbacoas, donde ya se habían reportado avances?; ¿cómo reaccionará la estructura armada en los territorios donde mantiene presencia activa —el sur del departamento, la costa pacífica nariñense y zonas limítrofes con Putumayo—, considerando que el propio grupo había señalado en julio que la violencia golpeaba con especial fuerza a Nariño y Putumayo? Estas incógnitas dejan a la región en una posición de vulnerabilidad, con la reinserción de combatientes en suspenso y los compromisos de erradicación de cultivos sin certeza de cumplimiento.
