El Gobierno Nacional anunció una revisión exhaustiva de los recursos destinados a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos, tras detectar serias discrepancias entre los montos financieros comprometidos y los avances reales en los territorios. La alerta fue formalizada por Valerie Lafaurie, directora encargada de la ART y consejera presidencial para las regiones, quien actuó bajo orden directa del presidente Abelardo de la Espriella.
Según el balance oficial presentado, entre 2022 y 2026 ambas entidades recibieron cerca de $2,9 billones de pesos a través del Fondo Colombia en Paz. De ese monto, más del 90% ya aparece comprometido en contratos y convenios, pero la ejecución física real en terreno no supera el 40%. El desfase es particularmente preocupante en cifras específicas: de cada $100 que la ART tenía disponibles para inversión en 2026, la entidad ya firmó compromisos por $91, pero solo ha pagado $18. Su presupuesto de inversión para 2026 es de $68.309 millones.
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Proyectos rezagados e irregularidades en la contratación
La Presidencia identificó 92 proyectos por cerca de $179.000 millones cuyo avance físico es inferior al 30%. El programa Renacemos, insignia de la ART, recibió $1,3 billones y reporta un avance de apenas el 20%. Por su parte, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos firmó convenios por más de $760.000 millones con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), de los cuales tampoco se ha ejecutado más del 30%.
Lafaurie también puso el foco sobre los contratos de prestación de servicios suscritos por ambas entidades, que muestran un manejo cuestionable en la destinación de recursos. Entre 2022 y 2026 se invirtieron cerca de $368.000 millones en 7.600 contrataciones de este tipo, financiadas en su mayoría por el Fondo Colombia en Paz. La funcionaria fue enfática en señalar que la entidad pondrá especial atención sobre gastos administrativos susceptibles de racionalizarse, incluyendo la contratación de sedes y transporte en cada región, en línea con la directiva de austeridad presidencial.
El impacto directo en Nariño y sus municipios
La relevancia de esta revisión para Nariño es crítica. La ART es la agencia encargada de llevar proyectos de desarrollo a municipios golpeados por la violencia y la presencia de cultivos de coca, amapola y marihuana. Municipios como Tumaco, Barbacoas y Roberto Payán están entre los territorios de intervención prioritaria de la agencia. Dado que Nariño concentra, según cifras de Naciones Unidas, la mayor cantidad de hectáreas de coca sembrada en el país por cuarto año consecutivo, cualquier hallazgo de baja ejecución o irregularidad en estas dos entidades tiene un impacto directo sobre los compromisos de sustitución pactados en el departamento.
La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos es responsable de ejecutar el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), cuyo objetivo es que las familias que siembran coca, amapola o marihuana accedan a proyectos productivos legales. En Nariño, estos compromisos incluyen aquellos que formaban parte de procesos de paz territorial como el que sostenía el Gobierno con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), proceso que fue suspendido recientemente.
“Donde se identifiquen posibles irregularidades, la información será puesta en conocimiento de las instancias competentes para que actúen conforme a la ley. Los recursos para las regiones no pueden quedarse atrapados en trámites, contratos o estructuras administrativas”, afirmó Lafaurie. La revisión cubrirá proyectos de inversión, convenios, contratos directos y gastos administrativos financiados con recursos del Fondo Colombia en Paz, con el objetivo declarado de garantizar trazabilidad total en la contratación pública.
