El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar Jaramillo, hizo un llamado público para exigir la liberación inmediata de tres uniformados que permanecen secuestrados en el departamento: el patrullero Álvaro Jair Pistala Garrido y los soldados profesionales Brayan Stiven Ruiz Toro y Jeison Javier García. El pronunciamiento se realizó durante la conmemoración oficial de los 122 años de creación del departamento de Nariño.
«Desde aquí les envío un mensaje a sus captores: libérenlos, manden un mensaje de paz, manden un mensaje de que quieren el diálogo, porque el Estado todo en pleno rechaza esas acciones», manifestó el mandatario departamental. Escobar enfatizó que la liberación de los uniformados sería un gesto que demostraría una verdadera voluntad de avanzar hacia la paz, insistiendo en que esta debe construirse tanto con resultados como con acciones humanitarias.
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Casos de secuestro en el departamento
El patrullero Álvaro Jair Pistala Garrido, adscrito al municipio de Policarpa, lleva ocho días en cautiverio tras ser interceptado por hombres armados cuando se desplazaba en transporte público hacia ese municipio luego de asistir a una cita médica en Pasto. Según información oficial, los sujetos lo obligaron a descender del vehículo y, tras identificarlo, lo privaron de la libertad. Se presume la responsabilidad del Estado Mayor Central de las Farc, a través de la columna Franco Benavides.
Por su parte, los soldados profesionales Brayan Stiven Ruiz Toro y Jeison Javier García Rodríguez permanecen en cautiverio desde agosto de 2025, cuando fueron retenidos durante combates en el corregimiento de Damasco, en la zona rural del municipio de Cumbitara.
Contexto de seguridad y llamado a la paz
El gobernador expresó solidaridad con las familias de los uniformados y reiteró que el secuestro no tiene cabida en un territorio que le apuesta a la paz y a la construcción de un futuro diferente. El departamento de Nariño continúa enfrentando desafíos de seguridad vinculados a la presencia de grupos armados ilegales, situación que ha motivado llamados constantes de las autoridades civiles y militares para avanzar hacia soluciones humanitarias que respeten los derechos de la población civil y los uniformados.
