Dos presuntos agresores sexuales judicializados en Nariño
La Fiscalía General de la Nación presentó ante jueces de control de garantías a dos presuntos responsables de perpetrar agresiones sexuales contra menores de edad en hechos diferentes ocurridos en Pasto e Ipiales. Ambos procesados fueron ordenados a cumplir medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, según resolución judicial emitida el 16 de septiembre de 2026.
El primer caso involucra a un abuelo señalado de abusar sexualmente de su nieta de 14 años entre 2024 y 2026 en Pasto. Según la investigación, el hombre aprovechaba los momentos en que estaba a cargo de la víctima, quien cuenta con discapacidad cognitiva, para agredirla sexualmente. Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), en articulación con uniformados de la Policía Nacional, lo capturaron en vía pública de Ipiales. La Fiscalía le imputó el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con incapaz de resistir.
Segundo caso: abuso de confianza en construcción
De otra parte, fue judicializado Henry Lisardo Hernández por hechos ocurridos entre mayo y junio de 2024 en una vivienda de Ipiales. El investigado prestaba servicios de construcción en el inmueble cuando habría abusado sexualmente de la sobrina menor de edad de la propietaria de la casa. Al parecer, Hernández aprovechó un momento en el que se encontró a solas con la víctima para cometer el delito. Un fiscal seccional le imputó cargos por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.
Ambos casos resaltan patrones de explotación de menores de edad mediante la manipulación de relaciones de confianza o familiaridad. En el primer caso, el vínculo de parentesco y la responsabilidad de cuidado que tenía el abuelo sobre su nieta con discapacidad cognitiva facilitaron el abuso durante más de dos años. En el segundo, el procesado se valió de su posición como trabajador de confianza en la vivienda para cometer el delito.
Las investigaciones fueron adelantadas por autoridades judiciales y de seguridad en la región, dando como resultado la presentación de ambos presuntos responsables ante jueces de control de garantías para que decidieran sobre las medidas cautelares. La detención preventiva ordenada indica que los jueces consideraron que existen indicios suficientes de responsabilidad y que los procesados representan riesgo para la integridad de posibles víctimas.
Los hechos ocurrieron en el contexto de Pasto e Ipiales, municipios que han enfrentado diversos desafíos de seguridad en los últimos meses, donde la protección de menores de edad sigue siendo una prioridad para las autoridades locales y de orden nacional.
