Eva Ferrer, exconsejera presidencial y antigua aliada de Verónica Alcocer durante la campaña presidencial de 2022, afirmó en una entrevista publicada el 10 de octubre que la exprimera dama sería la cabeza «no visible» de una presunta estructura dedicada al tráfico de dinero, drogas y armas. Los señalamientos fueron hechos únicamente por Ferrer en conversación con Vicky Dávila para la revista Semana, sin que hasta el momento existan documentos públicos, fotografías verificadas o decisión judicial que los respalden.
Según la versión de Ferrer, habrían entrado a Colombia 2,5 millones de dólares en efectivo desde Venezuela en enero de 2023, dinero que según su relato habría financiado parcialmente la campaña de Mario Fernández Alcocer, primo de la exprimera dama. Ferrer atribuyó esta información a una conversación con el empresario Manel Grau, aunque no presentó documentación que lo verifique.
Viajes en aeronaves oficiales y supuesto tráfico de armas
La exconsejera aseguró que Alcocer habría viajado a Venezuela en aeronaves oficiales y mencionó que «parece que hay fotos» de maletas con droga, aunque la revista Semana no presentó tales imágenes en su publicación. Ferrer también vinculó al entorno de Alcocer con los empresarios italianos Enrico Romagnoli y Fabio Mascialino, relacionando sus gestiones con la compra de aviones Gripen. Además, señaló a Carolina Plata y Danilo Romero como encargados de gastos y movimientos de dinero en lo que describe como operaciones de lavado de activos.
Ferrer mencionó una presunta compra de una vivienda de tres millones de euros en España, en la cual habría participado el exembajador Eduardo Ávila, cuyo origen de fondos le generó dudas. Sin embargo, no existe verificación pública de esta transacción ni de la procedencia de los recursos utilizados.
Implicaciones sobre Gustavo Petro y contexto de ruptura
Cuando se le preguntó si el expresidente Gustavo Petro era cómplice en estas operaciones, Ferrer respondió: «Para mí, a día de hoy, sí». Afirmó que el entorno de Petro se habría beneficiado de apoyos electorales y de manifestaciones que ella atribuye a Alcocer. Ferrer manifestó que habla desde la clandestinidad por temor a un atentado y solicitó protección al presidente Abelardo de la Espriella. Según fuentes de Semana, Ferrer reclama a Alcocer una deuda de 48.000 euros y 56 millones de pesos por asesoría en la campaña de 2022, deuda que estaba en proceso de conciliación.
La Fiscalía informó el 7 de agosto que no registra procesos penales formales contra Alcocer con corte al 6 de agosto, aunque según el mismo reporte existe una indagación en una unidad anticorrupción. El 3 de agosto, Alcocer había rechazado públicamente los señalamientos, indicando que «carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad» y ofreciéndose a colaborar con la Fiscalía. Al momento de la publicación de esta nota, Alcocer no se había pronunciado sobre la entrevista del 10 de octubre.
Cambio, medio que recopiló estos señalamientos, advirtió explícitamente que los dichos de Ferrer no establecen por sí mismos que las personas mencionadas hayan cometido delitos, ni prueban que la vivienda en España se haya comprado con dinero ilícito. Hasta ahora, ninguna de las acusaciones ha sido verificada ni cuenta con respaldo judicial. Tampoco han respondido públicamente a las acusaciones los demás mencionados en los señalamientos ni el expresidente Petro, aunque Antonella Petro expresó apoyo a Alcocer en un mensaje público.
