Una escalada de violencia que supera los 20 días de confrontación armada ha dejado entre 600 y 700 personas desplazadas y otras cientos confinadas en las zonas rurales de Linares y Los Andes, Nariño. Desde el sábado 17 de octubre, el autodenominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias Iván Mordisco, se enfrenta contra las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN) y los Comuneros del Sur en una disputa territorial que ha obligado a familias enteras a huir de sus hogares con lo puesto.
El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, ha registrado al menos 14 consejos de seguridad municipales en los que se ha documentado la presencia de tres grupos armados ilegales compitiendo por el control territorial. Las veredas más afectadas—Arenal, Loma, Dos Quebradas y Villanueva—han experimentado combates constantes con disparos y explosivos que han obligado a los residentes a abandonar sus pertenencias y refugiarse en albergues improvisados del casco urbano.
Condiciones críticas en albergues y daños a infraestructura
La capacidad institucional de los municipios ha sido rebasada. Los albergues improvisados en colegios y coliseos han agotado sus recursos básicos: ya no hay colchonetas suficientes y los espacios se encuentran saturados. Habitantes reportan que más allá de la escasez física, el factor más devastador es el miedo permanente. “Ya se agotaron las colchonetas, nos ha tocado apretarnos en espacios donde las personas ya no alcanzan. Pero más allá de lo físico, lo que nos está matando en estos momentos es el temor, es el miedo, es la zozobra”, relató uno de los desplazados.
Las viviendas de la zona han sufrido daños considerables. Rosa López, una de las afectadas, describió cómo la urgencia de huir interrumpió la vida cotidiana: “La cosa es que íbamos queriendo hacer el desayuno porque pensábamos que se iban a normalizar, pero ya ves. Todo quedó destruido”. Muchas familias huyeron únicamente con la ropa que llevaban puesta, dejando atrás sus pertenencias y medios de vida.
Presencia intermitente de la Fuerza Pública genera desconfianza
Los residentes denuncian que la presencia del Ejército es inconsistente: llega en ciertos momentos y se retira, dejando a la población en una situación de zozobra permanente. Esta intermitencia ha profundizado la sensación de desprotección y vulnerabilidad entre las comunidades, que permanecen atrapadas entre los enfrentamientos y una cobertura de seguridad insuficiente.
La Defensoría del Pueblo ha alertado sobre la gravedad de esta escalada, enfatizando que agudiza la situación de derechos humanos y hace impostergable una respuesta humanitaria urgente, integral y sostenida. La entidad ha hecho un llamado específico a que se garantice acceso oportuno a alimentos, agua potable, salud y protección sin generar riesgos adicionales para la población ni para el personal humanitario.
Recomendaciones de la Defensoría y próximos pasos
La Defensoría del Pueblo ha dirigido recomendaciones a múltiples actores: a las autoridades municipales y departamentales, fortalecer la coordinación de la respuesta humanitaria priorizando servicios esenciales como salud, educación, agua potable y alimentación, además de activar el Comité Territorial de Justicia Transicional. Al Gobierno nacional le urge articular esfuerzos bajo los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad para garantizar atención integral y acceso humanitario seguro. A los grupos armados, la Defensoría les exige respetar el Derecho Internacional Humanitario, abstenerse de involucrar a la población civil y no obstaculizar el acceso de instituciones humanitarias.
Mientras las autoridades locales y nacionales aún no logran garantizar la seguridad de los habitantes, según denuncian las comunidades afectadas, la situación permanece crítica en las zonas rurales de Linares y Los Andes, con desplazamientos y confinamientos activos y una respuesta institucional que, conforme a los reportes locales, no alcanza a cubrir las necesidades más urgentes de una población que clama por protección y acceso a servicios básicos.
