Ipiales — El municipio de Ipiales atraviesa una crisis financiera tras el embargo de más de 50 cuentas bancarias por orden del Departamento Nacional de Planeación (DNP), medida que compromete recursos esenciales como nómina, cesantías, seguridad social y el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficia a más de 15.000 estudiantes.
El embargo, que supera los $8.000 millones y podría llegar a $10.000 millones con intereses, se originó en 2017 por una obra inconclusa financiada con regalías, inicialmente por $3.800 millones. El alcalde Amílcar Pantoja aseguró que no fue notificado oportunamente y calificó la situación como una herencia administrativa de gobiernos anteriores. Sin embargo, voces críticas señalan que su administración no actuó con la celeridad necesaria para prevenir el impacto de las medidas cautelares.
Pantoja anunció acciones jurídicas y denuncias contra los exalcaldes Ricardo Romero y Luis Fernando Villota, pero el exmandatario Villota respondió que la crisis pudo evitarse si la Secretaría de Hacienda hubiera informado a los bancos cuáles cuentas eran inembargables, como lo establece la Constitución. Además, recordó que al cierre de su mandato dejó más de $16.000 millones en caja y advirtió sobre procesos en curso que requerían seguimiento jurídico.
La controversia deja en evidencia no solo las omisiones administrativas del pasado, sino también la falta de gestión preventiva en el presente. Mientras el alcalde pide confianza a la ciudadanía, la realidad es que el embargo amenaza con paralizar servicios básicos y programas sociales, profundizando la crisis financiera del municipio
