Tropas del Ejército Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal y Aduanera y la Dirección de Impuestos Nacionales y Aduanas (DIAN), incautaron 172.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando en Ipiales, Nariño. El operativo, realizado por el Batallón Especial Energético y Vial N.° 20 de la Vigésima Tercera Brigada, resultó en el decomiso de mercancía avaluada en aproximadamente 1.380 millones de pesos, presuntamente perteneciente a la estructura armada organizada residual Comandos de Frontera.
Los cigarrillos, al parecer procedentes de Asia, fueron encontrados durante tareas de registro y control en el municipio. De acuerdo con información de inteligencia militar, la mercancía tendría como destino final los mercados de Ecuador y Perú, formando parte de las operaciones de contrabando mediante las cuales el grupo armado financia sus actividades criminales.
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Golpe a las finanzas ilícitas de grupos armados
La incautación representa un impacto directo en las economías ilícitas de la Estructura Comandos de Frontera, que utiliza el contrabando como uno de sus mecanismos principales para obtener recursos destinados al sostenimiento de sus capacidades criminales. El material decomisado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su proceso de judicialización.
Esta operación se enmarca en el esfuerzo de las autoridades por fortalecer los controles en la zona fronteriza y reducir el impacto del contrabando sobre las finanzas públicas y la seguridad regional. Sin embargo, la atribución de la mercancía a la estructura armada debe entenderse como una hipótesis de las autoridades en el marco de la investigación, y corresponde a las instituciones competentes establecer la pertenencia de los cigarrillos a través de las pruebas que sean incorporadas a los procesos judiciales.
Continuidad de operaciones en zonas estratégicas
El Ejército Nacional ha reafirmado su compromiso de continuar desarrollando operaciones militares en el departamento de Nariño, especialmente en zonas estratégicas de frontera. El propósito de estas acciones es seguir afectando las economías ilícitas de los grupos armados organizados, fortalecer la seguridad territorial y contribuir a la protección de la población civil en una región que enfrenta presiones significativas del crimen organizado relacionado con el contrabando y el tráfico de drogas.
