El Ejército Nacional destruyó cinco estructuras improvisadas utilizadas para la explotación ilícita de oro en inmediaciones de la vereda Telpi, municipio de Ricaurte, Nariño. La operación binacional entre Colombia y Ecuador, coordinada mediante espejo entre ambos ejércitos y con apoyo de judicialización de la Policía Nacional, logró afectar significativamente la economía criminal asociada a estas actividades.
De acuerdo con inteligencia militar, las estructuras eran utilizadas por la organización residual Estructura Iván Ríos y la columna móvil Raúl Morales, grupos armados ilegales con presencia en la zona de frontera. Durante la intervención se inutilizaron 83 bultos de material aurífero, 37 galones de ácido sulfúrico, 210 bultos de carbón inactivo, 162 bultos de material de mina y diversos equipos, herramientas, combustible, cableado y mangueras empleados en la extracción y beneficio del mineral.

Impacto económico en la economía ilícita
La infraestructura destruida fue avaluada en aproximadamente 150 millones de pesos. Sin embargo, el mayor impacto recae sobre la capacidad operativa de estos grupos criminales. La extracción mensual estimada era de 20 kilogramos de oro, con un valor comercial aproximado de 8.460 millones de pesos, recursos que financiaban las operaciones de estas estructuras armadas en el suroccidente colombiano.
Este operativo se enmarca en el conjunto de acciones militares que el Ejército Nacional desarrolla para contrarrestar las economías ilícitas en las zonas fronterizas, particularmente aquellas vinculadas a la minería informal y criminal. La región del Pacífico nariñense ha sido históricamente un territorio de disputa por estos recursos, utilizado por grupos armados para generar ingresos que financien sus operaciones.

Continuidad de operaciones binacionales
La Institución Militar ha comprometido la continuidad de operaciones binacionales conjuntas y coordinadas con Ecuador para combatir las economías ilícitas, fortalecer la seguridad en la frontera y proteger a las comunidades del suroccidente colombiano. Estas acciones reflejan la intensificación de esfuerzos para debilitar las fuentes de financiamiento de grupos armados organizados residuales con presencia en Nariño.