El anuncio presidencial y el cierre de Paz Total
El presidente Abelardo de la Espriella anunció el miércoles 26 de agosto de 2026, desde el Palacio de San Carlos en Bogotá, el desmonte definitivo de la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno anterior de Gustavo Petro. La decisión incluyó la firma de órdenes de extradición a Estados Unidos de tres negociadores vinculados a disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras armadas ilegales, así como instrucciones para la captura de dos prófugos adicionales.
De la Espriella fundamentó su decisión argumentando que el modelo anterior había permitido que estructuras delictivas obtuvieran beneficios y acceso a mecanismos de diálogo sin entregar aportes verificables ni resultados concretos. “No una política que termine convirtiendo el diálogo en un mecanismo de impunidad. La llamada paz total fracasó estruendosamente en su propósito fundamental”, afirmó el mandatario durante su alocución, en la que estuvo acompañado por el ministro de Justicia Iván Cancino.
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Los extraditados: nombres y estructuras criminales
Entre los tres negociadores cuya extradición fue firmada se encuentran figuras clave de diferentes frentes del conflicto armado colombiano. Wilington Henao Gutiérrez, alias “El Mocho Olmedo” o “El Negro”, integrante del frente 33 de las disidencias de las FARC, fue el primero en ser formalizado para extradición. Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias “Muñeca”, identificado como integrante de Los Pachenca, fue el segundo. Ambos se encuentran privados de la libertad.
El tercer extraditado es Giovanny Andrés Rojas, alias “Araña”, señalado como integrante de los Comandos de Frontera, una estructura disidente de las extintas FARC que en años recientes se reorganizó bajo el nombre de Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Rojas fue particularmente relevante en el contexto nariñense, dado que los Comandos de Frontera mantuvieron una presencia histórica fuerte en el sur del país, particularmente en la frontera entre Nariño y Ecuador, así como en municipios como Ipiales.
Adicionalmente, el Ejecutivo instruyó a las fuerzas de seguridad para proceder sin dilación a la captura de dos prófugos identificados como Yepes Mejía y otro Castillo Carrillo, cuyas extradiciones deberán materializarse tan pronto sean localizados. De la Espriella fue categórico en su mensaje: “Todo lo contrario, han seguido delinquiendo, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana”.
El impacto directo en Nariño: antecedentes de la negociación
Los Comandos de Frontera, liderados por negociadores como Araña, formaban parte de las mesas de diálogo de la Paz Total en el marco de un proceso que, según información disponible, había contribuido a una reducción cercana al 50% en la tasa de homicidios en los departamentos de Nariño y Putumayo entre 2022 y 2025. Este resultado representó uno de los indicadores más visibles del impacto que tuvo la política de negociación en la región sur del país.
Sin embargo, ese mismo proceso quedó en entredicho tras un ataque atribuido a la CNEB en abril de 2026 en Nariño, en el que murieron tres militares y resultaron heridos cuatro menores de edad. El incidente puso en cuestión el compromiso real de los negociadores con los acuerdos suscritos. Apenas semanas después, en junio de 2026, cerca de 99 integrantes de la estructura habían entregado armas en una Zona de Ubicación Temporal en Putumayo como parte de su tránsito hacia la vida civil, lo que generó expectativas en las comunidades del departamento.
Más allá del ataque de abril, en Nariño se han registrado múltiples hechos durante 2026 que evidencian la persistencia del conflicto armado en el departamento. En Policarpa, hombres armados de disidencias de las FARC ingresaron a un colegio rural en una acción que generó alarma entre la población educativa. En zona rural de Ipiales, grupos armados ejecutaron ataques con drones cargados de explosivos contra tropas del Ejército, dejando tres soldados muertos. Estos eventos reflejaron una realidad que contradice en buena medida los logros reportados en reducción de homicidios.
Las implicaciones del desmonte de Paz Total para el territorio nariñense
La decisión de De la Espriella genera interrogantes inmediatos sobre qué sucederá con los aproximadamente 99 excombatientes de Comandos de Frontera que en junio entregaron armas en Putumayo dentro del proceso de negociación. Estos individuos habían iniciado, supuestamente, su tránsito hacia la vida civil, contando con garantías derivadas de su sometimiento voluntario. El cierre unilateral de la política que los cobijaba podría revertir esta situación y generar dinámicas de rearmamiento o represalias.
Las comunidades del departamento de Nariño reportaron beneficios sustanciales durante el período de negociaciones, incluida la reducción en actos de violencia que afectaban directamente su seguridad y convivencia. La incertidumbre sobre cómo evolucionará la seguridad departamental tras el desmonte de Paz Total es considerable, especialmente considerando que Nariño ha sido históricamente un territorio de confrontación armada por el control de rutas de narcotráfico y territorios estratégicos en la frontera con Ecuador.
Postura presidencial: sometimiento sin concesiones
De la Espriella fue explícito en el mensaje dirigido a los actores armados ilegales. Remarcó que toda persona que demuestre voluntad auténtica de abandonar la violencia contará con un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley, pero sin concesiones adicionales a las que ya contempla la legislación vigente. “A los violentos les hago un único ofrecimiento: sometimiento a la justicia con los beneficios que la ley actual contempla”, sostuvo el mandatario.
Por el contrario, según explicó, quienes persistan en el crimen organizado, el terrorismo o el narcotráfico enfrentarán “toda la capacidad legítima de la fuerza del Estado y el peso de la justicia”. El presidente también enfatizó que “los espacios de diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales, y la paz no será en nuestro Gobierno una patente de corso para delinquir”, palabras dirigidas específicamente a desmantelar la percepción de impunidad que, según su análisis, había caracterizado la política anterior.
Próximos pasos y reactivación de órdenes de captura
Como parte del desmonte anunciado, De la Espriella instruyó que se reactive el aparato de persecución penal contra miembros de grupos armados ilegales. El presidente también señaló que dará instrucciones al ministro de Defensa para coordinar los procedimientos correspondientes y solicitará a la Fiscalía la designación de fiscales y grupos de policía judicial dedicados a adelantar estos procesos.
La magnitud del cambio de política es considerable. De la Espriella afirmó que durante su administración derogará “la maraña jurídica” mediante la cual el gobierno anterior había entregado beneficios a grupos armados ilegales. Esto implica una revisión de decretos, resoluciones y medidas adoptadas en el marco de Paz Total que facilitaron diálogos y otorgaron beneficios de seguridad a negociadores. La Fiscalía General, encabezada por Luz Adriana Camargo, jugará un rol central en esta reactivación.
Para departamentos como Nariño, donde la presencia de disidencias de las FARC y otras estructuras criminales ha sido históricamente compleja y en ocasiones letal, el cambio de enfoque presidencial representa una incertidumbre sobre cómo evolucionará la seguridad en los próximos meses. La región se encuentra en una encrucijada: por un lado, el proceso de Paz Total había mostrado resultados tangibles en la reducción de homicidios; por otro, la persistencia de actos de violencia atribuidos a los mismos grupos negociadores evidenciaba que el diálogo no había logrado un sometimiento genuino ni un abandono real de actividades criminales.
