El presidente Abelardo De La Espriella anunció que su Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas tributarias sobre el sector agropecuario. El pronunciamiento se produjo durante la alocución presidencial del domingo 15 de noviembre, en la que presentó un balance de sus primeros 100 días de administración y se refirió a la denominada Ley de Rescate Económico, iniciativa que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso.
«Mi Gobierno no impondrá IVA a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de IVA sobre el sector agropecuario. No quiero que la comida de los colombianos pague IVA», afirmó el mandatario durante su intervención.
El anuncio representa un cambio significativo frente a la propuesta inicial del Gobierno, que contemplaba ampliar el cobro del impuesto a productos que hacen parte de la canasta familiar. De La Espriella aseguró que el proyecto sigue en construcción y manifestó su disposición a concertar modificaciones con los partidos políticos y diferentes sectores. Los técnicos del Ministerio de Hacienda habían considerado inicialmente inviable esta instrucción debido a que comprometía la meta de recaudo del proyecto, pero tras varios análisis, el Gobierno ajustó la propuesta para proteger la canasta básica mientras mantiene esa meta, a cambio de exigir un mayor esfuerzo fiscal del Estado.

Posible reducción de la tarifa general del IVA
El jefe de Estado también reveló que el Ministerio de Hacienda estudia la posibilidad de reducir la tarifa general del IVA, actualmente del 19%, al 18% o incluso al 17%. Sin embargo, esta alternativa continúa en evaluación y no constituye todavía una decisión adoptada. El presidente enfatizó que se trata de un problema numérico y que si existe una alternativa mejor que permita alcanzar la meta de recaudo y evitar la quiebra del Estado, está dispuesto a considerarla.

Austeridad y recorte del gasto público
En materia económica, De La Espriella defendió la política de austeridad de su administración y aseguró que su propuesta contempla recortes directos y permanentes superiores a los 23 billones de pesos, con la intención de avanzar hacia la meta de reducir en un 40% el tamaño del Estado. Como balance de los primeros 100 días, informó que se han realizado ajustes por 13,8 billones de pesos al Presupuesto General de la Nación, además de reducciones de hasta el 65,5% en contratos de prestación de servicios y de hasta el 57,5% en cargos de libre nombramiento y remoción.
El Gobierno también analiza la venta de activos improductivos de la Nación, con la expectativa de obtener alrededor de 4 billones de pesos. No obstante, el propio presidente reconoció que los recortes no representan ingresos directos y que la venta de activos requiere tiempo. En ese contexto, insistió en que buscará alternativas para recuperar las finanzas públicas sin trasladar nuevas cargas a los ciudadanos.
Durante su intervención, el mandatario también presentó resultados en seguridad, reportando que en los primeros 100 días se han capturado 51.254 personas por diferentes delitos, incautado 6.336 armas de fuego y decomisado más de 389 toneladas de estupefacientes. Asimismo, reportó la destrucción de 1.493 laboratorios utilizados para la producción de drogas ilícitas y 167 extradiciones. En el sistema penitenciario, realizaron más de 5.000 operativos de registro y control, durante los cuales fueron incautados 7.252 celulares, 10.362 tarjetas SIM y 4.507 armas blancas, además del traslado de 2.568 personas privadas de la libertad.
El presidente reiteró que una de las prioridades de su administración es recuperar el control territorial y evitar que las estructuras delincuenciales continúen operando desde los establecimientos carcelarios. Los anuncios se producen en medio del debate político y económico que rodea la Ley de Rescate Económico, cuyo contenido definitivo dependerá de los consensos que logre el Gobierno y de la discusión que adelante el Congreso de la República.