Una grave crisis humanitaria golpea al municipio de Los Andes, Sotomayor, en Nariño, donde enfrentamientos entre grupos armados ilegales han dejado personas atrapadas en sus viviendas, al menos cuatro veredas afectadas y entre 350 y 400 desplazados, según reportes de la comunidad. Los testimonios describen viviendas impactadas por explosivos y familias que permanecen confinadas sin poder acceder a ayuda, mientras que nuevos refuerzos de estructuras armadas llegan a la zona, intensificando la incertidumbre.
Mónica Bernal, comunicadora social y habitante afectada, confirmó que al menos cuatro veredas se encuentran en la crisis. De acuerdo con su estimación, entre 350 y 400 personas han tenido que desplazarse de sus lugares de residencia, aunque esta cifra es preliminar y requiere verificación oficial. Bernal también advirtió que algunas personas continúan sin poder salir de sus viviendas, situación que aumenta la preocupación por su integridad física.
Los residentes reportan estar recibiendo mensajes de personas que piden ayuda desde sus hogares. «Hay gente atrapada, que les han caído bombas en sus casas. Están desesperados, no sabemos qué hacer», relató una persona que pidió atención urgente para las comunidades afectadas. Varias personas estarían solicitando labores de rescate, pero la situación de riesgo ha impedido que se realicen desplazamientos sin las debidas garantías de seguridad.
Dilema entre la emergencia y la seguridad
La comunidad ha dialogado con autoridades locales, incluyendo al gerente de la ESE local, desde donde se manifestó que no se pondría en riesgo al personal para atender la emergencia. Este conflicto entre la necesidad de rescate inmediato y las limitaciones de seguridad refleja la complejidad de la situación. Los habitantes insisten en que se requiere atención urgente, pero también condiciones que permitan llegar hasta las personas atrapadas sin poner en peligro a quienes participen en las labores de atención.
Temor a escalada de violencia
Un aspecto que intensifica el temor entre la población es la información recibida sobre la presunta llegada de nuevos refuerzos de grupos armados a la zona. Según los testimonios, esta situación incrementa la incertidumbre de las comunidades que permanecen en medio de la emergencia y temen que los enfrentamientos continúen o se extiendan. Los habitantes advierten que el municipio de Los Andes, ubicado en un corredor estratégico que permite el acceso a localidades de la Cordillera Occidental, se disputa entre múltiples estructuras por el control de rutas de narcotráfico.
Hasta el momento, con la información disponible, no se cuenta con una cifra confirmada de civiles atrapados, ni con un balance oficial de personas heridas o viviendas impactadas. Las autoridades competentes aún no han emitido un pronunciamiento detallado sobre el número exacto de veredas afectadas ni sobre las medidas previstas para proteger a la población civil.
Los habitantes hacen un llamado urgente para que su situación sea atendida y se garantice la protección de las familias que permanecen en la zona. La comunidad reclama el establecimiento de canales seguros para identificar a las personas que requieren ayuda y una respuesta humanitaria coordinada que no ponga en peligro a los actores de socorro.
