El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó con dureza a la decisión del gobierno de Ecuador de imponer una tasa de seguridad del 100% a las importaciones provenientes de Colombia, medida que entrará en vigencia el próximo 1 de mayo de 2026.
“Esto es simplemente una monstruosidad”, escribió el mandatario colombiano, quien además advirtió que la decisión podría marcar el fin de la participación de su país en la Comunidad Andina. “Nada hacemos ya allí”, agregó, al tiempo que planteó la necesidad de reorientar la política comercial hacia bloques como Mercosur, así como fortalecer vínculos con el Caribe y Centroamérica.
La medida ecuatoriana se produce en medio de una creciente tensión bilateral. Según el gobierno de ese país, el incremento del arancel responde a la falta de acciones concretas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Este nuevo ajuste representa el punto más alto de una escalada que comenzó el 1 de febrero con un arancel del 30%, posteriormente elevado al 50% en marzo.
En respuesta, Colombia adoptó medidas recíprocas, imponiendo aranceles equivalentes y restricciones comerciales y energéticas, calificando la decisión ecuatoriana como una “agresión económica”.
Desde el sector empresarial, las reacciones han sido contundentes. El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, advirtió que un arancel del 100% hace inviable cualquier posibilidad de exportación hacia Ecuador, lo que en la práctica equivale al cierre de ese mercado para los productos colombianos.
Gremios como Analdex señalaron que más de 2.700 empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, se verían afectadas directamente. Además, alertaron sobre posibles impactos en el empleo, la producción y las cadenas de suministro, en una relación comercial que ha sido históricamente estratégica para ambos países.
Expertos también subrayan que la cercanía geográfica y la integración productiva dificultan sustituir este mercado en el corto plazo, lo que agrava el panorama para los exportadores colombianos. A su vez, en Ecuador podrían registrarse aumentos en los precios debido a la dependencia de insumos provenientes de Colombia.
Desde el ámbito político, voces como la de la excongresista Yolanda Villavicencio han llamado a evitar una ruptura regional, advirtiendo que debilitar la Comunidad Andina implicaría un retroceso en décadas de integración económica.
La actual crisis comercial no solo refleja un conflicto en materia económica, sino también un deterioro en las relaciones diplomáticas entre ambos países. Sin señales claras de distensión, el comercio bilateral enfrenta uno de sus momentos más críticos en los últimos años, con repercusiones que podrían extenderse a toda la región.
