La Contraloría General de la República ordenó el embargo preventivo de tres bienes inmuebles pertenecientes al exalcalde de Ipiales, Luis Fernando Villota Méndez, como medida cautelar dentro de una investigación fiscal por presunto manejo irregular de recursos públicos destinados a comunidades indígenas. El organismo de control determinó que existe un posible detrimento patrimonial por $270.850.409 en la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas (AESGPRI).
Según la actuación de la Contraloría, las irregularidades detectadas están relacionadas con contratos y un convenio suscritos entre 2022 y 2023 con la IPS Guaitara. El proceso también vincula a Daniela Rueda Calvache, quien se desempeñó como directora encargada del Departamento Administrativo de Contratación del municipio durante el período investigado.
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Medida cautelar para proteger el patrimonio público
Como medida preventiva, la Contraloría ordenó el embargo de tres inmuebles del exmandatario tasados por un valor que podría alcanzar los $541.700.818. Esta decisión tiene el propósito de garantizar que, en caso de comprobarse un daño efectivo al patrimonio público, existan recursos suficientes para responder ante el Estado y recuperar los fondos presuntamente desviados.
Es importante destacar que la medida cautelar no significa que los investigados hayan sido declarados responsables de los hechos. El embargo es una acción preventiva que busca asegurar bienes mientras avanza el proceso de investigación, respaldada por las facultades legales del organismo de control establecidas en la Constitución y la ley.
Derechos de defensa garantizados durante la investigación
Tanto Villota Méndez como Rueda Calvache conservan plenamente su derecho a presentar pruebas, controvertir las acusaciones y ejercer su defensa en todas las instancias del proceso. El proceso aún se encuentra en etapa de investigación fiscal, por lo que no hay una determinación final sobre la responsabilidad de los involucrados. La Contraloría considera que existen elementos suficientes para continuar indagando sobre el posible detrimento de recursos públicos destinados a resguardos indígenas, uno de los fondos especiales que requiere mayor vigilancia debido a su impacto directo en comunidades vulnerables de Nariño.
