La Contraloría General de la República activó su función de advertencia al identificar riesgos presupuestales y contractuales que comprometen la sostenibilidad fiscal del Gobierno Nacional. El informe, presentado el 27 de julio de 2026, advierte sobre una aceleración sin precedentes en la suscripción de contratos tras el levantamiento de la restricción de Ley de Garantías, fenómeno que refleja presiones significativas sobre las finanzas públicas.
Según el análisis de la Contraloría, en el período comprendido entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026, se han suscrito 14.414 contratos por un valor cercano a 4,55 billones de pesos. Esta cifra representa un incremento del 22,5% en la contratación en comparación con el mismo período de tiempo hace cuatro años. Lo más preocupante para la entidad de control es que la contratación directa ha superado los 11 mil contratos durante estas últimas cuatro semanas, una concentración que genera riesgos significativos de planeación y ejecución.
Presiones de caja y restricciones de financiación
El informe señala que el Gobierno Nacional enfrenta presiones severas de caja derivadas del menor recaudo, el incumplimiento de la meta de ingresos y la falta de ajuste al Presupuesto General de la Nación. Además, existen rezagos en las reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación que limitan la capacidad real del Estado para asumir nuevos compromisos. La Contraloría enfatiza que en este escenario crítico, toda decisión contractual debe estar respaldada por disponibilidad presupuestal efectiva y sostenibilidad fiscal real.
La entidad de control advierte específicamente sobre riesgos contractuales y presupuestales identificados en entidades como la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y el Ministerio del Interior, que requieren seguimiento permanente dado el volumen y la naturaleza de sus compromisos financieros.
Siete factores de riesgo requieren vigilancia permanente
La Función de Advertencia identificó 7 factores de riesgo que, desde la perspectiva del control fiscal preventivo, requieren monitoreo continuo. Entre los principales se destacan: el riesgo por insuficiente planeación financiera y presupuestal de contratos de alta cuantía; el riesgo asociado al crecimiento acelerado de la contratación directa y la concentración contractual en pocas transacciones; y el riesgo sobre la efectividad del control contractual en la supervisión y ejecución de los compromisos asumidos.
La Contraloría advierte que adoptar decisiones de transferencias, asignaciones presupuestales y nuevos compromisos financieros sin una fuente cierta de financiación y disponibilidad efectiva de recursos profundiza las presiones sobre la caja del Gobierno, compromete el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, incrementa las necesidades de endeudamiento y genera una potencial afectación al patrimonio público. Por ello, insta a que toda decisión presupuestal se adopte bajo criterios de prudencia fiscal, planeación rigurosa y sostenibilidad, garantizando que el uso de los recursos públicos responda a la capacidad real de financiación del Estado.
Desde una perspectiva preventiva, la Función de Advertencia busca evitar que los riesgos identificados se materialicen en pérdidas de recursos públicos, afectaciones al patrimonio estatal y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales a los ordenadores del gasto. La advertencia se dirige al Gobierno Nacional, al Ministerio de Hacienda como operador y gestor fiscal central, y por su conducto, a los ordenadores del gasto de las entidades que integran el Gobierno Nacional Central, para que adopten medidas correctivas antes de que los cinco meses restantes de la vigencia fiscal terminen.
