Un fallo que redibuja los límites de la protesta social
El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, emitió una sentencia que marca un hito en la delimitación del derecho a la protesta en Colombia. La Sala condenó solidariamente a la Corporación Comunitaria Juntas de Acción Comunal Área de Influencia Directa San Isidro de Chichimene (CJAID) y a su entonces representante legal, Sandra Patricia Ruiz Riaño, a reparar los perjuicios ocasionados a Ecopetrol durante los bloqueos registrados en la estación Chichimene, en Acacías (Meta), entre el 31 de julio y el 15 de agosto de 2017.
El fallo revocó una decisión de primera instancia del Tribunal Administrativo del Meta que había negado las pretensiones de la petrolera. Con esta sentencia, el tribunal establece un límite claro: el derecho a la protesta, protegido por el artículo 37 de la Constitución, pierde su amparo constitucional cuando deja de ser pacífico y causa daños comprobables a terceros. Como señaló la Sala en la providencia: «Aunque es cierto que el mismo artículo 37 superior es claro en expresar que el ejercicio del derecho a la protesta solamente puede ser limitado de manera expresa por la ley, no lo es menos que este debe expresarse de manera pacífica, ya que, de lo contrario, pierde su protección constitucional».
Dieciséis días de bloqueos con consecuencias patrimoniales
Durante el período de protesta, manifestantes bloquearon los accesos a la estación petrolera, restringieron el ingreso de trabajadores y contratistas, dificultaron el traslado de maquinaria e insumos y, el 4 de agosto de 2017, irrumpieron irregularmente en las instalaciones saltando las barreras perimetrales. Las acciones violentas dejaron un contratista lesionado y causaron destrozos en equipos de laboratorio y computadores.
Ecopetrol denunció daños materiales en oficinas e instalaciones, además de la suspensión de siete contratos comerciales de operación, mantenimiento, transporte y prestación de servicios. La empresa reclamó una indemnización inicial de $4.056 millones, calculando que 20 pozos detuvieron su operación, lo que representó una producción diferida de aproximadamente 35.123 barriles de crudo.
El Tribunal Administrativo del Meta, en primera instancia, consideró que el daño no estaba suficientemente acreditado porque el crudo no extraído permanecía bajo el suelo y podía ser producido después. Sin embargo, el Consejo de Estado validó el concepto de «producción diferida» como un perjuicio económico real. La Sala explicó que el aplazamiento de la producción implica una afectación en la oportunidad de generar ingresos, pues la explotación tardía del recurso genera diferencias económicas asociadas al valor del dinero en el tiempo, las condiciones del mercado y las oportunidades de comercialización perdidas.
De la protesta legítima al vandalismo patrimonial
La sentencia no desconoce el derecho fundamental a la protesta, pero traza una línea clara entre la manifestación pacífica legítima y el vandalismo con consecuencias patrimoniales. Según el Consejo de Estado, la protesta solo goza de protección constitucional cuando se desarrolla de manera pacífica. Esa protección no se extiende a conductas que ocasionen daños materiales, interfieran con instalaciones industriales o paralicen actividades productivas mediante vías de hecho.
«Es claro que el derecho a la protesta fue utilizado en este caso como un mecanismo de presión que excedió su función constitucional y democrática en tanto generó una afectación directa al derecho de propiedad y al normal desarrollo de la actividad económica de la empresa demandante», precisó la Sala en la providencia. El tribunal además encontró que la representante legal tuvo un papel activo como líder de las protestas y que las actuaciones no fueron aisladas ni espontáneas, sino que la decisión de acudir a estas medidas fue adoptada colectivamente por representantes de las juntas de acción comunal que integraban la corporación.
El fallo abre la puerta a que organizadores y líderes de manifestaciones respondan con su patrimonio cuando las protestas causen perjuicios económicos a terceros. Aunque el monto exacto de la indemnización aún no ha sido fijado —el Consejo de Estado emitió una condena «en abstracto» que deberá liquidarse en un proceso posterior con peritos especializados—, la decisión establece un precedente jurisprudencial de gran calado que puede aplicarse a otros contextos, como bloqueos a Transmilenio o protestas que afecten el derecho a la educación, siempre que se demuestre una afectación a los derechos de otros ciudadanos.
Una doctrina con ecos penales
El fallo se suma a precedentes penales significativos. La influyente Daneidy Barrera, conocida como «Epa Colombia», fue sentenciada a cinco años de prisión por vandalizar una estación de Transmilenio durante las protestas de 2019. En ese caso, la Corte Suprema dejó en firme una condena a 63 meses y 15 días de cárcel por daño al bien ajeno agravado y perturbación al transporte público colectivo. La sentencia del Consejo de Estado refuerza esta línea jurisprudencial en materia civil, estableciendo que la responsabilidad por daños no es solo penal sino también patrimonial.
