Quito / Pasto — El 6 de febrero de 2026, delegaciones de Colombia y Ecuador se reunieron en el Palacio de Najas, sede diplomática en Quito, para abordar tres temas centrales: seguridad fronteriza, energía y medidas arancelarias. El encuentro se dio en medio de la crisis comercial que enfrenta a ambos países tras la imposición de un arancel del 30% a productos colombianos por parte del gobierno de Daniel Noboa.
El ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, anunció que, con apoyo de Estados Unidos, se realizará una prueba piloto para instalar un centro de fusión de inteligencia en la frontera, con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. La iniciativa contempla operaciones conjuntas, intercambio de información y la declaración de objetivos militares de alto valor estratégico.
Entre los compromisos, Colombia desplegará 11.000 hombres en la zona fronteriza, reforzará la erradicación de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo, y revisará procesos de extradición y traslado de personas privadas de libertad. Ecuador, por su parte, se comprometió a revisar la tarifa del oleoducto y facilitar el paso de carrotanques por el río San Miguel.
En el ámbito comercial, Colombia propuso suspender la tasa arancelaria del 30%, pero Ecuador respondió que evaluará la solicitud en una etapa posterior. Ante la negativa, Colombia anunció que expedirá un decreto para imponer aranceles a más de 60 productos ecuatorianos y presentará una denuncia ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
El impacto de esta disputa es especialmente sensible en Nariño, donde el comercio fronterizo es vital para productores agrícolas, transportadores y comerciantes. Los aranceles encarecen alimentos, combustibles y bienes básicos, afectando directamente a las comunidades locales. Analistas advierten que, aunque la cooperación en seguridad puede fortalecer el control en la frontera, la falta de acuerdos inmediatos en materia comercial mantiene la incertidumbre económica en la región.
