El senador Iván Cepeda realizó una denuncia pública contra las medidas anunciadas por la administración de Abelardo De La Espriella, calificándolas como el inicio de un «gobierno paramilitar» en Colombia. A través de un pronunciamiento oficial, el líder opositor advirtió sobre la creación de estructuras armadas privadas que buscarían entregar el monopolio de las armas a civiles, violando la Constitución y reviviendo patrones de criminalidad estatal.
El congresista enfatizó que su análisis no corresponde a un «calificativo apresurado o alarmista», sino al resultado de un examen «sereno y sopesado» de las políticas de seguridad proyectadas. Cepeda vinculó estas medidas con la tradición de gobiernos de extrema derecha que, según él, han incorporado «la violación sistemática de los derechos humanos como parte de su ejercicio autoritario», empleando represión judicial contra opositores mediante «falsas pruebas y falsos testigos».
Bloques de búsqueda urbanos y armas a particulares
El punto central de la denuncia recae en la intención gubernamental de crear «bloques de búsqueda urbanos y primeras líneas de seguridad» integradas por veteranos y reservistas de las Fuerzas Militares. Cepeda cuestionó la legalidad de esta estructura y argumentó que sus miembros no son servidores públicos ni parte de la fuerza pública en ejercicio de funciones, por lo que no pueden asumir «tareas relacionadas con el uso de la fuerza, el monopolio de las armas ni el mantenimiento del orden público».
Para el senador, «delegar esas funciones en particulares constituye una ruptura de uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho». Cepeda invocó la experiencia histórica colombiana para advertir que las estructuras paralelas nunca han garantizado orden territorial: «El resultado de la historia del paramilitarismo en Colombia no ha sido nunca tener más seguridad, sino más violencia, más arbitrariedad y más impunidad».
Privatización carcelaria y vínculos históricos
El segundo eje de la denuncia aborda la privatización del sistema penitenciario bajo el programa «Colombia Patria Milagro». Cepeda detalló que el Ejecutivo planea construir diez «mega cárceles aisladas y privadas» mediante concesiones, lo que implicaría eliminar el Inpec para crear un nuevo cuerpo carcelario conformado nuevamente por reservistas. El senador conectó estas decisiones con el pasado de De La Espriella, a quien denunció penalmente semanas atrás por presunta financiación de grupos ilegales, vinculándolo con la fundación Fipaz, creada en 2004 para facilitar la defensa legal de jefes paramilitares desmovilizados durante el gobierno de Álvaro Uribe.
Cepeda aseveró que estos proyectos provienen de alguien que, en el apogeo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), manifestaba su aspiración de ser «paraco con uniforme y con fusil». El congresista caracterizó las medidas como «un viejo proyecto paramilitar y mafioso de refundar la patria» y las definió como «un modelo de régimen de enriquecimiento privado, sin límites legales», cuyo propósito sería instaurar un extractivismo desenfrenado y eliminar reformas sociales «mediante el terror y la criminalidad del Estado».
Tras recordar que el artículo 22A de la Constitución prohíbe categóricamente emplear o financiar grupos de civiles armados, Cepeda oficializó un llamado a la «desobediencia civil de carácter pacífico». El senador exigió la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas para vigilar al nuevo gobierno, concluyendo que «nuestra Constitución no es solamente un texto jurídico, es un pacto ético construido sobre el respeto de la vida».
