Los camioneros de Nariño elevaron sus exigencias ante el nuevo gobierno, con un balance crítico sobre los últimos cuatro años y demandas específicas en materia de seguridad e infraestructura vial. Andrés Charfuelán, directivo de la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC), expresó que el gremio espera «diálogo» y que «las puertas de las entidades, de los ministerios estén abiertas» para solucionar problemáticas en seguridad, fletes y asuntos propios de la transportación de carga.
En su balance del gobierno Petro, Charfuelán reconoció que «no todo fue mal» y que hubo «cosas muy importantes» plasmadas en decretos beneficiosas para el camionero. Sin embargo, criticó severamente la situación de inseguridad en la zona de frontera agravada por el conflicto diplomático entre Ecuador y Colombia, así como los constantes atracos, secuestros y extorsiones que sufren los transportistas entre Pasto y Cali. «Todos los días tenemos atracos, secuestros, extorsiones», denunció.
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Infraestructura abandonada y cifras perdidas
El directivo enfatizó que la infraestructura en el país está «totalmente abandonada» y que no existe un proyecto macro en ejecución actualmente. «Todos los proyectos que se están ejecutando en este momento en el país son de anteriores gobiernos», señaló. Sobre los asaltos en la vía Panamericana, Charfuelán reveló que «ya perdimos la cuenta» de los hechos delictivos, situación que ocurre «desde febrero». Manifestó que la delincuencia es tan frecuente en distintos tramos (entre Remolino y El Bordo, entre El Bordo y Rosa, entre Rosa y Timbi, entre Timbi y Popayán, y entre Popayán y Santander) que «las cifras se perdieron hace mucho tiempo, no solamente para la agremención, para las autoridades también».
Demandas puntuales para el nuevo gobierno
Al nuevo gobierno de Abelardo de la Espriella le pide, en primer lugar, «retomar el país» garantizando tranquilidad y seguridad para transitar las carreteras. En segundo lugar, «rehabilitar toda la infraestructura» que se encuentra en estado crítico. Charfuelán también exigió el mantenimiento del CICETAC (tabla de fletes) y programas como el de chatarización que funcionan con recursos del gremio. Mencionó que ya han sostenido diálogo con la nueva ministra de Transporte, Elsa, a quien han presentado varias propuestas.
Sobre el combustible (ACPM), Charfuelán criticó que durante el gobierno Petro se congeló el precio dos años, pero luego el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, lo aumentó 3.000 pesos, lo que provocó protestas del sector. Recordó que se logró un acuerdo para que el ACPM no subiera más de 800 pesos, pero finalmente subió más de 1.000. Su advertencia es clara: los transportistas no pueden seguir asumiendo aumentos de combustible; el costo debe transferirse al consumidor final. «Si aumenta el ACPM, aumenta el pasaje del bus urbano, el pasaje del bus intermunicipal, aumentan los fletes. ¿Quién lo paga? El pueblo».
El gremio también mantiene una postura de vigilancia respecto al cumplimiento de compromisos. En reuniones recientes con autoridades del gobierno entrante, incluida la ministra de Transporte, han reiterado sus demandas y esperan que antes de cualquier incremento de combustible de «alto impacto» exista diálogo previo que establezca claridad sobre quién asume los costos. Charfuelán enfatizó que esta ha sido una batalla constante «con todos los gobiernos», no solo con Petro, y que el gremio seguirá reclamando con «coherencia y gallardía».
