Las autoridades indígenas de Nariño denunciaron la falta de protección estatal efectiva para sus territorios ancestrales y advirtieron sobre amenazas que ponen en riesgo la pervivencia de sus pueblos. Según reportes, se registró un atentado armado contra un líder Awá que contaba con protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), además del avance de actividades mineras en territorio indígena, situación que motivó un llamado urgente a garantías concretas del Estado colombiano.
Derechos territoriales y demandas de protección
Las comunidades indígenas enfatizaron que “la defensa de la vida, el territorio y la pervivencia de nuestro pueblo es un derecho que debe estar protegido”, señalando la necesidad de que el Estado garantice efectivamente el ejercicio de estos derechos fundamentales. La situación en Nariño refleja una problemática más amplia que afecta a múltiples pueblos indígenas en Colombia, quienes históricamente han enfrentado dificultades para ejercer control pleno sobre sus territorios ancestrales.
Los organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han establecido que los Estados tienen la obligación de reconocer y proteger la propiedad colectiva de los pueblos indígenas sobre sus territorios. Esta protección debe incluir mecanismos ágiles y accesibles para que las comunidades puedan impugnar legalmente cualquier otorgamiento de derechos de explotación de recursos que afecte sus territorios, así como fortalecer las instituciones de gobierno propio indígena.
Minería y presencia de actividades extractivas
La denuncia de autoridades indígenas en Nariño resalta el avance de actividades mineras en territorios ancestrales del pueblo Awá como una amenaza directa. Este tipo de proyectos extractivos ha sido identificado por organismos internacionales como uno de los principales factores de conflicto en regiones indígenas, vinculado a procesos de violencia, pobreza y exclusión que tienen como base el interés de actores no indígenas en acceder a recursos naturales ubicados en estos territorios.
El marco legal internacional reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a ejercer pacíficamente su propiedad colectiva y a ser consultados previamente sobre proyectos que afecten sus territorios. Sin embargo, en la práctica, la implementación de estos derechos enfrenta obstáculos significativos. Las autoridades colombianas han sido instadas a crear procedimientos que garanticen el acceso a justicia para las comunidades étnicas y permitan impugnar decisiones que favorezcan la explotación de recursos sin consentimiento previo e informado.
Contexto del conflicto territorial en la región
Los pueblos indígenas de Nariño, como el pueblo Awá, conciben el territorio como una entidad integral donde interactúan la naturaleza, el agua, la tierra, el espacio y los seres humanos en equilibrio. Esta visión holística difiere significativamente de la titulación por parcelas o zonas que propone el Estado, lo que ha generado conflictos sobre la delimitación y demarcación efectiva de territorios ancestrales. La falta de titulación oportuna y completa, según estándares internacionales, constituye una violación de derechos colectivos reconocidos en instrumentos como la Convención Americana de Derechos Humanos.
Las autoridades indígenas reiteraron que la protección de sus derechos fundamentales requiere garantías concretas y efectivas del Estado, no solo reconocimientos formales. El caso de Nariño se suma a una situación crítica que afecta a aproximadamente 65 pueblos indígenas en Colombia, quienes enfrentan amenazas simultáneas a su seguridad física, integridad territorial y continuidad cultural. El Estado ha sido llamado a adoptar medidas urgentes e integrales que aseguren la supervivencia de estos pueblos y el respeto pleno a su derecho a la autodeterminación.
